SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0481/2010-R

La recurrida Carmen Rosa Encinas y su abogado, en audiencia, informaron lo siguiente: a) Que el recurso de amparo constitucional incoado contra la recurrente es totalmente equivocado, ya que de ninguna forma puede ser un sustituto de otros recursos, ya que este recurso requiere que se “aboquen” todas las instancias correspondientes, así que el recurrente si consideró que se le vulneraron sus derechos, al no pasar esta investigación a un juez cautelar, debió recurrir en primera instancia al juez controlador de garantías constitucionales, que es el juez de turno de la provincia Germán Busch, debiendo recurrir a éste con un simple memorial, a efectos de que esta autoridad, se pronuncie primero tomando conocimiento de la causa y segundo se pronuncie sobre el destino del motorizado; b) Además que la Sentencia Constitucional 1322/2002-R de 1 de noviembre, la ampara al indicar que se debió agotar la instancia correspondiente y no acudir directamente al recurso de amparo constitucional, toda vez que el bien jurídico protegido es el patrimonial y no se puede reclamar por esta vía la inmediatez, ya que no se habla de un derecho como ser la salud o la vida, sino de un derecho netamente de carácter patrimonial; y, c) Para concluir menciona que el presente caso correspondía a la Fiscalía de Quijarro, y que la parte recurrente en ningún momento demostró que la mencionada Fiscalía haya tenido algún impedimento, o que el Fiscal Rosales, lo haya tenido también, y tampoco demuestra en qué forma ese expediente fue a parar a su conocimiento, además que el motorizado el cual reclama, era un bien ganancial y todavía está sujeto a un proceso de divorcio, donde supuestamente este bien pertenecía al esposo y el expediente había ingresado el 28 de agosto de 2005 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo tanto no existía sentencia ejecutoriada, además que el Fiscal Saúl Rosales no actuó en suplencia legal de Carmen Rosa Encinas, sino de la Fiscal de Quijarro, Amparo Canaviri, por lo que el recurrente no tiene derecho ni personería jurídica para recurrir y carece de legitimidad activa para hacer uso de este recurso.