SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0761/2010-R

En cuanto al inicio del cómputo de plazo, cabe señalar que como señala la norma constitucional citada, art. 129.II de la CPE, es a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, que se considera lesiva y que es inimpugnable, y por tanto agota la vía respectiva; o desde la notificación con la resolución emergente de un recurso o medio impugnativo que el agraviado y accionante hubiese utilizado para la protección de sus derechos lesionados. No obstante en un plano de equilibrio y coherencia con el principio de subsidiariedad, para dicho cómputo debe tenerse en cuenta que ese acto o medio impugnativo utilizado en la vía reparadora, y previa a la acción de amparo, debe ser idóneo, es decir, previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo de lo que se acusa de ilegal o lesivo de derechos; estando exento de dicho cómputo aquellos medios y recursos no previstos por ley o presentados erróneamente, toda vez que la finalidad de esta acción tutelar no es reparar errores del agraviado o accionante, sino, derechos fundamentales. Entendimiento asumido en las SSCC 261/2010-R de 31 de mayo, 0347/2010-R de 15 de junio, entre otras

A mayor abundamiento, cabe señalar que cuando se impugnan resoluciones judiciales o administrativas a través de esta acción tutelar, a partir del entendimiento sentado en la SC 0521/2010-R de 5 de julio, si la resolución ha sido aclarada, enmendada o complementada, sólo en ese caso el plazo se computa desde la notificación de la resolución que dio lugar a dicha solicitud.