SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1003/2010-R
Fecha: 23-Ago-2010
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1003/2010-R
Sucre, 23 de agosto de 2010
Expediente: 2008-18074-37-RHC
Distrito: La Paz
Magistrado Relator: Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
En revisión la Resolución 005/2008 de 12 de junio, cursante de fs. 27 a 30, pronunciada por el Juez Primero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, dentro del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad interpuesto por Lucio Catacora Aguilar en representación sin mandato de René Mamani Bejarano contra Jorge Mario Yankovic Gutiérrez, Jefe Policial de la Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar Número Dos; y Severino Mamani Churata, funcionario policial de la misma Unidad, alegando la vulneración del derecho de su representado a la libertad física y de locomoción, citando al efecto los arts. 6.II y 7 inc. g) de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
El recurrente en el memorial presentado el 11 de junio de 2008, cursante de fs. 3 a 4, manifiesta que el 8 del mismo mes y año, fue golpeado, insultado y amenazado por sus hermanos, por haberles reclamado que contribuyan con los pagos de impuestos y servicios básicos del inmueble que comparten, hecho que acredita por el certificado Médico Forense que adjunta. Es así, que fue denunciado por sus hermanos ante la oficina de Conciliación Ciudadana de la avenida Pando, por riñas y peleas, no obstante de ser él la víctima; por lo cual, acudió a dichas dependencias en mérito a la citación que le efectuaron para el día de “hoy” a horas 11:00, donde en la audiencia de conciliación, el recurrido funcionario policial Severo Mamani Churata, dio mayor cobertura a los denunciantes, supuestas víctimas, imponiéndole a su persona una multa de Bs100.- (cien bolivianos), o en defecto arresto por ocho horas; circunstancia por la cual, una vez cancelada esa suma, con su causídico reclamó su devolución, lo que fue consultado al Jefe de dicha Unidad, Jorge Mario Jankovic Gutiérrez, quien dispuso su arresto por ocho horas, lo que constituye un atentado contra sus derecho a la libertad, con el consiguiente perjuicio de no poder trabajar como conductor en el Radio Móvil “Tecnolimp”, toda vez que el arresto está contemplado para sospechosos de la comisión de delitos y no por riñas y peleas, conforme lo establece el art. 225 del Código de Procedimiento Penal (CPP), disposición que no puede aplicarse ni siquiera por analogía en las oficinas de Conciliación Ciudadana, por lo que el arresto ilegal dispuesto en su contra, es un atentado contra su libertad de locomoción.
El recurrente denuncia la vulneración del derecho de su representado a la libertad física y de locomoción, citando al efecto los arts. 6.II y 7 inc. g) de la CPEabrg.
I.1.3. Funcionarios recurridos y petitorio
El recurrente, interpone recurso de hábeas corpus contra Jorge Mario Yankovic Gutiérrez, Jefe Policial de la Unidad de Conciliación Ciudadana y Familia Número Dos, y, Severino Mamani Churata, funcionario policial de la misma Unidad, solicitando se declare procedente el recurso, con daños y perjuicios.
Efectuada la audiencia pública el 12 de junio de 2008, con la concurrencia del abogado recurrente, los funcionarios recurridos, y en ausencia del representante del Ministerio Público, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 26, se produjeron los siguientes actuados:
El abogado recurrente, ratifico in extenso los términos del recurso planteado, y los amplió señalando: a) Su persona reclamó la devolución de los Bs100.-, que su defendido pagó por concepto de multa, lo que consultado al Jefe de la Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar, éste los devolvió pero dispuso su arresto por ocho horas, que no las ha cumplido por haberlo dejado en libertad pura y simple al haber interpuesto este recurso, sin embargo el arresto fue ordenado sin considerar que esa medida solo puede ser dispuesta por la autoridad jurisdiccional o el fiscal con la finalidad de realizar una investigación de delitos, conforme lo señala el art. 225 del CPP; y, b) El caso de su defendido que se atendió en la referida Unidad, fue por riñas y peleas para lo cual no existe arresto, salvo excepción cuando hay un procedimiento policial, en el que se debe dictar una resolución con el informe del funcionario de turno asignado al caso, disponiendo la multa o sanción, lo que no ha ocurrido en el presente caso en el que no existe una resolución que imponga la multa a su defendido menos su arresto, lo que constituye un acto arbitrario, reiterando se declare procedente el recurso con daños y perjuicios.
El recurrido Jefe Policial de la Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar Número Dos, Jorge Yankovic Gutiérrez, en audiencia, manifestó; 1) que le informaron que al recurrente René Mamani, se le había determinado arresto hasta ocho horas o pago de sanción con papeletas valoradas, quien las había cancelado e iba a retornar por las papeletas valoradas, luego se le hizo conocer que el abogado solicitó la devolución, pidiendo el arresto; 2) El art. 7 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN), determina que tiene facultades para prevención de delitos, faltas y contravenciones policiales, pues la SC 1703/2003-R de 24 de noviembre, pone en vigencia el Reglamento de Unidades de Conciliación Ciudadana, de conocer, promover y sancionar faltas y contravenciones policiales, a ese efecto la SC 1346/2004-R de 17 de agosto, respalda la Resolución Suprema (RS) 212334 de 25 de marzo de 1993, por la cual la Policía Nacional tiene facultad para conocer faltas y contravenciones, que es de conocimiento de estas Unidades, previa emisión de las cédulas de comparendo y en forma ulterior se pueda determinar sanciones de arresto y pecuniaria; 3) Luego de la audiencia de conciliación se suscribieron actas de garantías y se impone al representado del recurrente, la multa de Bs100.-; empero el art. 13 del Reglamento de Unidades de Conciliación, prevé la conversión de la multa en permanencia en recinto policial por ocho horas, empro el causídico en lugar de plantear el recurso de apelación previsto por el art. 23 del citado Reglamento, determinó se sustituya la multa por la permanencia en el recinto policial; y, 4) Contestando a las interrogantes del Juez de garantías, señaló que fue el abogado el que solicitó la conversión referida y el procedimiento de conciliación fue concluido con la suscripción de las actas de garantías, y los hechos denunciados no son ilícitos sino faltas y contravenciones, solicitando por lo expuesto, se declare improcedente el recurso.
El correcurrido, funcionario policial, Severo Mamani Churata, en audiencia manifestó: i) Sentada la denuncia contra el representado del recurrente por parte de sus hermanos, se lo citó para que comparezca a la audiencia de conciliación, donde reconoció que en estado de ebriedad provocó con insultos a los denunciantes, ocasionando se agredan mutuamente, señalando sus hermanos que actúa de esa manera en forma frecuente, por lo cual solicitaron garantías, habiendo firmado un acta de garantía, comprometiéndose los denunciantes a resarcir una parte de los gastos médicos, disponiéndose el arresto del representado del recurrente, por ocho horas; y, ii) Conforme a su Reglamento existen sanciones por faltas, se consultó al infractor de que hay una compensación conforme a Reglamento, señalando que trabaja y pagaría la multa de Bs100.-, para luego retornar con su abogado para pedir la devolución del dinero y sea arrestado.
I.2.3. Resolución
Concluida la audiencia el Juez Primero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, constituido en Juez de garantías, pronuncio Resolución 005/2008 de 12 de junio, cursante de fs. 27 a 30, por la que declara procedente el recurso, sin daños y perjuicios al no haberse brindado ningún elemento de carácter objetivo material para establecer ese extremo, con los siguientes fundamentos: a) Si bien el art. 8 del Reglamento de Unidades de Conciliación Ciudadana, establece que las sanciones son de apercibimiento, permanencia en recinto policial y multa, para las contravenciones policiales y que sean consideradas leves, la de permanencia en recinto policial se aplica cuando su naturaleza es grave, de acuerdo al art. 10 de dicho Reglamento y para los reincidentes; empero, de acuerdo a la SC 0866/2007-R de 7 de diciembre, ha establecido respecto al arresto por parte de la Policía, que solo puede disponerlo, cuando se presentan los presupuestos del art. 225 del CPP, es decir en un proceso investigativo y al no tener la Unidad de Conciliación Ciudadana facultades investigativas, y no concurrir el presupuesto señalado, no procedía el arresto al representado del recurrente; y, b) De acuerdo al Reglamento de las Unidades de Conciliación Ciudadana, el arresto sólo procede por una infracción grave o en caso de reincidencia y que no podrá ser mayor a ocho horas, cualidad ineludible para hacer viable la medida, es decir considerarlo reincidente en riñas y peleas, lo que no se ha dado, para ordenar su arresto.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
Debido a la ausencia de quórum necesario las causas pendientes de resolución por parte del Tribunal Constitucional, quedaron en espera hasta la designación de nuevos Magistrados.
En virtud de dicho nombramiento, por Acuerdo Jurisdiccional 001/2010 de 8 de marzo, se dispuso el reinicio de los cómputos. En consecuencia, se sorteó el expediente el 27 de julio de 2010, razón por la cual, la Resolución es dictada dentro de plazo.
II. CONCLUSIONES
Del atento análisis del expediente y compulsa de las pruebas aportadas, se concluye lo siguiente:
II.1. César, Mary Valentina y Emilio Santos Mamani Bejarano, el 8 de junio de 2008, ante la Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar, formularon denuncia contra el representado del recurrente, René Mamani Bejarano, por riñas y peleas, a cuyo efecto fue citado a presentarse en dichas dependencias el 10 de ese mes y año, a horas 11:30 (fs. 8 y 22 y vta.).
II.2. En la audiencia de conciliación realizada el 11 del citado mes y año, horas 12:15, ambas partes suscribieron un acta de garantía, de buena conducta (fs. 9).
II.3. Al recurrente, se le impuso la multa de Bs100.-, los que luego de pagados, solicitó su devolución, solicitando sean sustituidos por su arresto, el que en efecto se dispuso (no consta en obrados resolución que haya dispuesto dicha medida, únicamente lo referido en la papeleta de informaciones y denuncias, y lo informado por los recurridos, fs. 22 y vta.).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El recurrente, ahora accionante, alega que los demandados, vulneraron el derecho de su representado a la libertad física y de locomoción, toda vez que dentro de una denuncia presentada en su contra por riñas y peleas, no obstante de ser la víctima, en la Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar, se le impuso como sanción una multa de Bs100.-, los que luego de ser pagados, solicitó su devolución, motivando que el Jefe de dicha Unidad, ordene su arresto por ocho horas. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos demandados son evidentes para otorgar o no la tutela solicitada.
III.1. Operatividad y aplicación en el tiempo del bloque de constitucionalidad
Antes de desarrollar la argumentación jurídica conveniente al caso concreto; previamente, es imperante referirse a la uniforme jurisprudencia que este Tribunal Constitucional ha desarrollado a partir de la SC 0001/2010-R de 25 de marzo y todas las posteriores, en ese contexto, debe establecerse que la Constitución Política del Estado, aprobada mediante referendo constitucional de 25 de enero de 2009, es de aplicación directa a las causas conocidas en revisión, aspecto que emana de su carácter de norma suprema del orden jurídico y que además se encuentra debidamente sustentado por los principios de irradiación y de eficacia plena del bloque de constitucionalidad ampliamente explicados en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, entre otras.
III.2. Armonización de términos procesales-constitucionales
Siendo aplicable al caso concreto la Constitución vigente y los demás compartimentos del bloque de constitucionalidad, es imperante previamente aclarar la terminología procesal-constitucional a ser utilizada; al respecto, la Constitución abrogada en el art. 18, norma el “recurso de hábeas corpus”. De manera más amplia y garantista los arts. 125 al 127 de la Constitución Política del Estado vigente (CPE) reglamentan la llamada “acción de libertad”, sin que en esencia esta nueva norma altere el “núcleo esencial” de este mecanismo procesal, sino por el contrario, se aumenta su radio de protección al derecho a la vida.
En mérito a lo expuesto, se puede establecer que una diferencia entre ambas normas no se refiere al núcleo esencial de protección de esta garantía de defensa, sino mas bien la diferencia radica en la dimensión procesal de ambos; es decir, que con la Constitución abrogada este era considerado un recurso, en cambio, con la Constitución vigente, este mecanismo es una acción.
El cambio en cuanto a la dimensión procesal de esta garantía, tiene incidencia directa en la terminología a utilizarse en cuanto a las partes procesales involucradas en las causas a ser resueltas, en ese contexto, la norma constitucional abrogada denominaba a las partes intervinientes recurrente (s) y autoridad (es) recurrida (s), terminología que en la nueva dimensión procesal de esta garantía debe cambiar.
Lo precedentemente expuesto, denota la necesidad de uniformar la terminología aplicable a las causas pendientes de resolución en el marco del mandato inserto en los arts. 4 y 6 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, por tal razón, es pertinente señalar que en virtud a la nueva dimensión procesal de esta garantía, deben adecuarse los términos a la Constitución vigente, motivo por el cual, la parte que hubo activado la tutela en vigencia de la anterior Constitución y cuya causa será resuelta por el Tribunal Constitucional en el marco del art. 4 de la Ley 003, deberá ser denominada accionante, aclarando su carácter inicial de recurrente. Por su parte, la autoridad contra la cual se activó este mecanismo procesal-constitucional, deberá ser denominada autoridad demandada, términos que se enmarcan a la nueva dimensión procesal de la acción de libertad.
Es imperante establecer también que en caso de ordenarse la tutela, se deberá utilizar el término “conceder la tutela”; en contrario sensu, en caso de no concurrir los supuestos pertinentes para su otorgación, el juez o tribunal de garantías deberá “denegar la tutela”, y en los casos en que no se ingrese al fondo de la problemática, se hará constar ésta situación. Por su parte, el Tribunal Constitucional, deberá aprobar o revocar la decisión del juez o tribunal a quo, terminología que en el marco de la aplicación de la Constitución vigente debe ser utilizada por todos los tribunales y jueces, así lo han entendido las SSCC 0008/2010-R y 0101/2010-R, entre otras.
III.3. Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar
Las Unidades de Conciliación Ciudadanas y Familiar, tienen como función esencial conocer las denuncias por faltas y contravenciones, convocando a las partes, una vez presentada una denuncia, teniendo facultades para disponer el arresto o sanción pecuniaria de acuerdo al Reglamento que las regula. Al respecto y sobre estas Unidades, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, entre otras en la SC 0160/2007-R de 21 de marzo, que recogiendo el entendimiento jurisprudencial de la SC 1703/2003-R de 24 de noviembre, señaló que:
“…La Ley Orgánica de la Policía Nacional, en su art. 10 faculta al comando General a crear o suprimir las unidades de los organismos operativos de la administración desconcentrada, de acuerdo a las necesidades del servicio, en cuyo mérito se aprobó el Reglamento que regula la creación y funcionamiento de las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, mediante Resolución 369/95; cuya función esencial es la de conocer denuncias por faltas y contravenciones; conforme señala el art. 18 de este Reglamento, por otra parte, el art. 19 del mismo, faculta a los responsables de dichas unidades a disponer la comparecencia de las partes, una vez formulada la denuncia, finalidad que puede ser efectivizada solamente mediante el comparendo de citación', estableciendo por su parte la SC 1346/2004-R, de 17 de agosto que: '…el Reglamento de Comisarías Policiales de Orden y Seguridad, aprobado por Resolución Suprema 212334 de 25 de marzo de 1993, en su art. 10. d) faculta a las Comisarías Policiales conocer de las faltas y contravenciones policiales sujetas a pena de arresto o sanción pecuniaria, estableciendo el reglamento de Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, cuyo art. 28. 2) señala que se entenderá por faltas y contravenciones policiales, las riñas y peleas en locales, instalaciones y en vía pública'.
III.4. El caso en examen
El accionante, mediante esta acción tutelar por su representado, alega que dentro de la denuncia formulada por los hermanos de éste en su contra, por riñas y peleas ante la Unidad Policial de Conciliación Ciudadana y Familiar Número Dos, luego de realizada la audiencia de conciliación, se le impuso una multa económica de Bs100.-, los que después de haberlos cancelado, con su abogado reclamó su devolución, hecho que al ser consultado al ahora demandado Jefe de dicha Unidad, dispuso su arresto por ocho horas, lo que a su criterio, considera es ilegal y atentatorio de su derecho a la libertad física y de locomoción. Al respecto, cabe señalar que conforme se ha referido en el Fundamento Jurídico III.3 precedente, las Unidades de Conciliación Ciudadanas y Familiar, tienen como función esencial conocer las denuncias formuladas por faltas y contravenciones, entre las que se encuentran las riñas y peleas; por consiguiente, de acuerdo al art. 10 inc. d) del Reglamento de Comisarías Policiales de Orden y Seguridad, la autoridad demandada con la facultad que le otorga el citado Reglamento, dispuso el arresto del representado del accionante, quien fue denunciado por riñas y peleas, ocasionadas en estado de ebriedad, procediendo en este caso el arresto, por haber concurrido el supuesto señalado en la norma relacionada con la Policía Nacional precedentemente citada, por cuanto como lo refiere la jurisprudencia glosada, están facultados para imponer sanciones pecuniarias y arresto que no exceda de ocho horas, tal como ha sucedido en el caso de autos, en el que como lo reconoce el representado del accionante en su memorial de fs. 31 de obrados, fue liberado antes de las ocho horas, lo que determina, no se otorgue la tutela solicitada, toda vez que los demandados no cometieron ningún acto ilegal e indebido.
Sin embargo, de lo señalado precedentemente, es necesario referirse a la Resolución emitida por el Juez de garantías, dentro de esta acción tutelar, aclarando que la SC 0866/2007-R de 12 de diciembre, que le sirve de fundamento para declarar la procedencia de la ahora acción de libertad, no es aplicable, por tratarse de supuestos fácticos diferentes.
III.5. Empleo de terminología en cuanto a la otorgación o denegación de tutela
El Juez de garantías, en su Resolución 005/2008 de 12 de junio, cursante de fs. 27 a 30, utiliza el término procedente, para conceder la tutela, al respecto, el art. 126.III de la CPE, establece que: “…La sentencia podrá ordenar la tutela de la vida, la restitución del derecho a la libertad, la reparación de los defectos legales, el cese de la persecución indebida o la remisión del caso al juez competente…', terminología que es compatible a la utilizada por el art. 18 de la Constitución abrogada. Ahora bien, se debe entender que al ordenar la tutela, es coherente utilizar el término “otorgar la tutela” o “conceder la tutela”; en contrario sensu, en caso de no concurrir los supuestos pertinentes para su otorgación, el juez o tribunal de garantías deberá “denegar la tutela”. Por su parte, el Tribunal Constitucional, deberá aprobar o revocar la decisión del juez o tribunal a quo, terminología que en el marco de la aplicación de la Constitución vigente debe ser utilizada por todos los tribunales y jueces.
En consecuencia, la situación planteada no se encuentra dentro de las previsiones del art. 18 de la CPEabrg, ahora art. 125 de la CPE, por lo que el Juez de garantías, al declarar procedente la acción tutelar, no efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales ni dio correcta aplicación al citado precepto constitucional.
POR TANTO
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 4 y 6 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público; 7 inc. 8) y 93 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 005/2008 de 12 de junio, cursante de fs. 27 a 30, pronunciada por el Juez de Partido y de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz; y en consecuencia, DENIEGA la tutela solicitada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.
Fdo. Dr. Juan Lanchipa Ponce
PRESIDENTE
Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
DECANO
Fdo. Dr. Ernesto Félix Mur
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés
MAGISTRADO
I.1. Contenido del recurso
I.1.1. Hechos que motivan el recurso
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso
I.2.2. Informe de los funcionarios recurridos