SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1323/2010-R

La Constitución Política del Estado vigente, en su art. 24, señala que: Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva(…) y a la obtención de respuesta formal y pronta…”, razón por la cual, se puede considerar que, el Derecho Administrativo boliviano, pretende acercar e inclinar a ése Estado “todo poderoso”, muchas veces indiferente, al servicio del administrado, con el único objetivo de conducir a nuestra sociedad, al “vivir bien”, en razón que el principio central que debe orientar el accionar de la Administración Pública en su conjunto, es la satisfacción de las necesidades del ciudadano, respetando sus derechos y garantías, extremo ideal de respeto por la sociedad que no muchas veces se da, toda vez que los administrados sienten la infranqueable barrera que representa, el hecho que las entidades estatales actúen con indiferencia y negligencia frente a sus reclamos, vulnerando de ésta manera los derechos esenciales del ser humano. Superar éstos hechos que se dan cotidianamente, es tarea fundamental de un Estado moderno e incluyente.