SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1395/2010-R

Durante aproximadamente dos años, Desideria Lazo Quintanilla, les fue ofreciendo, trabajar como explotadores de áridos en las riberas del rio Piraí, argumentando ser la concesionaria del mismo, cobrando el 20% de la producción a cada una de las personas, que sumados por los dos años de explotación, hacen aproximadamente Bs3000 000.- (tres millones de bolivianos). Sin embargo, desde el 24 de junio de 2007, pretende que se le pague el 40% de la explotación de los áridos, por lo que decidieron paralizar trabajos y reunirse para definir la situación.

Señala que, averiguados los hechos, el propietario de la concesión, resulta ser el Sindicato “Piraí La Guardia”, y que aparentemente, algunos de sus miembros habían trasferido un sector de dicha concesión a la ahora recurrida. De esta manera, comienza un conflicto entre el recurrente y sus mandantes y la supuesta concesionaria de la explotación, en el cual, se involucran autoridades de la Alcaldía Municipal de La Guardia, llegando éstas a emitir la Resolución Administrativa (RA) 249/2007 de 7 de septiembre, en la cual se instruye la paralización de las actividades de los representantes del recurrente, así como el desalojo de la zona; ante estas determinaciones, plantearon recurso de revocatoria, mismo que no obtuvo respuesta. En consecuencia, los funcionarios del municipio de La Guardia, ingresaron a la zona de explotación con maquinaria y procedieron a bloquear con escombros el ingreso a la zona, argumentando que este hecho era producto de otra Resolución, la cual señalaba que los camiones estaban destruyendo el asfalto; sin embargo, se les permitía el ingreso a otros motorizados, y como quiera, dicho camino es de uso público y no era justo que permitieran el paso para unos y no para otros.

Arguye que, el 4 de octubre del mismo año, el Alcalde Municipal de La Guardia, llevó escombros con tierra y piedras, bloqueando nuevamente dicho camino, llegando al extremo de usar policías de la zona; medidas con las que tanto los funcionarios del Municipio como Desideria Lazo Quintanilla, se aprovecharon del trabajo de los hoy mandantes del recurrente por ser gente humilde, llegando a cobrarles la suma de Bs3000 000.-, impidiéndoles una libre transitabilidad y privándoles de sus fuentes de trabajo, necesarias para su sobrevivencia.