SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1407/2010-R

El accionante, pretende mediante la presente acción tutelar, se deje sin efecto el Auto de admisión de la demanda ordinaria de cumplimiento de contrato de compromiso de venta de madera y la providencia que sustituye la contracautela por una garantía real y dispone medidas precautorias de prohibición de emisión de los Certificados Forestales de Origen 1 y 2 con cargo a los códigos de autorización AO-OPAL-POAF 108/2005, AO-OPAL-POAF 109/2005 y AO-OPAL-POAF 110/2005 de la comunidad Santa Elena a favor de cualquier empresa o de Oskar Eduardo Mercado Hugues; paralización de los trámites del POA, y emisión de Certificados Forestales de Origen de los comunarios de Sana Elena; y celebrar actos y contratos sobre POA aprobados en los tres compartimentos de dicha Comunidad; notificación a la Directora de la Superintendencia Forestal de Pando, a las Notarias de Fe Pública, a los demandados comunarios de Santa Elena y a Oskar Eduardo Mercado Hugues, sin disponer notificación alguna de la indicada Comunidad como persona jurídica para que asuma defensa, dentro del proceso instaurado por Silvia Buitrago Rodríguez contra Guido, Jorge y Hugo Mariaca Yoshida, Demetrio Bustamante Ayala, Vladimir Mariaca Vargas, Darwin Cortez Caldera, Alfredo Céspedes y Marina Cárdenas Villanueva de Céspedes, resoluciones pronunciadas por el Juez de Partido en lo Civil y Comercial; sin considerar que la comunidad no está representada por los demandados, quienes actuaron a título personal y cualquier decisión sobre el aprovechamiento forestal venta o cualquier negocio jurídico de ésta, debe necesariamente ser autorizado por una asamblea general y acta correspondiente, conforme establece su ordenamiento vigente.

En ese contexto, si bien no se procedió a la notificación de los representantes de la referida Comunidad, al asumir conocimiento del proceso y de las medidas precautorias dispuestas por la autoridad judicial, corresponde apersonarse al proceso a efecto de presentar los medios impugnatorios que la ley le franquea a objeto de hacer prevalecer sus derechos y que dicha autoridad, conforme a derecho, se pronuncie sobre los mismos.

Al no haberse apersonado al proceso ni impugnado las Resoluciones de 10 de octubre de 2007 y formulado directamente la presente acción de amparo constitucional, no agotó los medios legales ordinarios con el objeto de solicitar, a la autoridad ahora demandada, la restitución de los derechos de la Comunidad que considera lesionados, situación que imposibilita a la jurisdicción constitucional, emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la problemática planteada, considerando la naturaleza subsidiaria de la presente acción tutelar.