SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1415/2010-R

De los datos examinados en el presente caso, sometido a revisión de este Tribunal, de la lectura del memorial de recurso y acta de audiencia, se evidencia que el accionante ha omitido precisar los derechos y garantías constitucionales establecidos a favor de la empresa que representa y que considera fueron restringidos, suprimidos o amenazados por la autoridad de la Aduana Interior de Santa Cruz, mediante los actos que dieron inicio a la ejecución tributaria y que señala como ilegales; es más, no existe cita alguna de una disposición de orden constitucional que se considere vulnerada o la identificación de un derecho o garantía reconocido en la ley, afectado con los actos calificados de ilegales, limitando su argumentación a señalar que la Administración aduanera ha vulnerado el art. 109 del CTB, que prevé la suspensión de la ejecución tributaria cuando el sujeto pasivo o tercero interesado garantiza la deuda y que en su caso tenía boletas de garantía vigentes presentadas ante la Aduana para la desaduanización de la mercancía sometida a proceso de importación de consumo. Dicha omisión no fue advertida por el Tribunal de garantías a momento de admitir la acción de amparo, sino en oportunidad de la realización de la audiencia de este recurso, cuando declaró la improcedencia del mismo así planteado, argumentando entre otros, la falta de requisitos básicos en la demanda de amparo, omisión que se  advierte en revisión e impide conocer el fondo del asunto demandado.