SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1636/2011-R

Mediante memorial presentado el 20 de octubre de 2009, cursante de fs. 54 a 65 vta., el accionante alega que el 16 de enero de 2008, el abogado de la Prefectura de La Paz, Eduardo León Arancibia, presentó denuncia contra su persona y otras, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato y otros; delitos que estarían relacionados con las funciones que cumple de Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial, donde se ha tramitado la demanda de prescripción adquisitiva o usucapión sobre un inmueble, habiendo sido citado por el Ministerio Público para que preste su declaración informativa.

Señala que hace un año y siete meses atrás, ha solicitado al Ministerio Público el rechazo de la querella, pero no existe respuesta alguna, produciéndose actos ilegales; así el mes de enero de 2009, ha sido sorprendido con una Resolución de imputación formal por parte del actual Fiscal Rosas, pero después de ocho meses en que el Fiscal se hizo cargo de la investigación, sin contar con indicios o elementos verdaderos, decide ampliar la imputación sin objetividad, por los delitos de prevaricato y conducta antieconómica, además que esa forzada ampliación, se realizó cuando el plazo de la etapa preparatoria ya había vencido superabundantemente.

El 5 de marzo de 2009, presento ante el Juez controlador de garantías constitucionales, incidente de actividad procesal defectuosa, el mismo que fue resuelto recién el 18 de septiembre del mismo año, bajo un razonamiento arbitrario, olvidando los alcances de las normas procesales y de la jurisprudencia, pues, de una revisión del cuaderno, se constata que el Juez, no ha realizado ninguna actuación que determine que ha cumplido sus funciones de control jurisdiccional conforme a ley, rehusándose por más de dos meses de realizar la conminatoria conforme establece el art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP), independiente de otras irregularidades.