SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1685/2011-R

Por principio general, el Juez de tutela está obligado a conferir solamente lo que se le ha pedido; esto muestra la enorme importancia que tiene el petitum de la causa, pues, el Juez está vinculado a la misma; esto es, deberá conceder o negar el petitorio formulado; sólo excepcionalmente, dada la naturaleza de los derechos protegidos es posible que el Juez constitucional pueda conceder una tutela ultra petita, de cara a dar efectividad e inmediatez a la protección del derecho o la garantía vulnerada, cuando advierta que existió error a tiempo de formular el petitorio. Extremo que deberá ser ponderado en cada caso concreto, al tratarse de una excepción”. Finalmente, se debe anotar que los accionantes en su memorial de acción de amparo constitucional deben precisar cuál es el acto que lesionó el derecho o garantía constitucional de su representado y lo impetrado en el petitorio, cual el amparo que se solicita, debiendo, entre ambos existir congruencia y coherencia lógica, que delimita el campo de actuación del Tribunal de garantías para pronunciar la resolución correspondiente” (las negrillas nos pertenecen).

         Esta exigencia busca que en el desarrollo del trámite o procedimiento de la acción de amparo constitucional, se tutelen los derechos fundamentales, pero en un marco de objetividad y conforme al principio de seguridad jurídica al que también está sujeto el Tribunal Constitucional; por ello el legislador, en el art. 97 de la LTC, ha previsto que este requisito debe cumplirse a momento de presentar la demanda o acción de amparo constitucional, y no después, precisamente para que la resolución o sentencia constitucional a dictarse se apegue al debido proceso, igualmente aplicable en la jurisdicción constitucional para obtener así, un resultado justo de acuerdo al orden constitucional y las normas que conforman el bloque de constitucionalidad.