SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1698/2011-R

El accionante, considera que la autoridad demandada vulneró sus derechos al trabajo, comercio y al debido proceso, por cuanto sin mayor justificativo que, las de un supuesto contrabando o pretender un ilegal trasvasado del producto, dispuso la suspensión de provisión de GLP, a su empresa para su redistribución. En ese orden, pese a las constantes solicitudes para que se levanten las medidas y haber agotado los recursos administrativos correspondientes, estas no merecieron respuesta alguna debiendo considerarse como silencio administrativo positivo. Corresponde analizar, en revisión si en el presente caso, se debe otorgar o no la tutela solicitada.