SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1808/2011-R

El demandado, José César Cartagena Miranda, Fiscal de Distrito de Cochabamba, en informe escrito cursante de fs. 76 a 78, de obrados, leído en audiencia, manifestó; a) Dentro del proceso penal seguido por el ahora accionante, el Fiscal de Materia dictó Resolución de sobreseimiento, que fue impugnada respecto al supuesto incumplimiento del plazo para su emisión, resultando por ello, nula de pleno derecho, por falta de valoración de la prueba presentada y de los elementos constitutivos  del tipo penal de estafa; además, de la carencia de fundamentación legal válida y coherente; b) Emitió la Resolución con las atribuciones y facultades que le confieren  el CPP y la LOMP, conteniendo los puntos impugnados, toda vez que para ratificar la Resolución del inferior, procedió a la valoración íntegra de los elementos  recolectados y acumulados en la investigación; haciendo énfasis en que los elementos constitutivos del tipo penal de estafa, consistentes en error, engaño, disposición patrimonial y perjuicio, no fueron demostrados de manera objetiva, así como tampoco se probó de forma idónea la existencia de una relación de causalidad entre el engaño y el perjuicio, aspectos debidamente fundamentados; y, c) No cometió ningún acto ilegal u omisión, al emitir la Resolución cuestionada por el accionante, ni vulneró los derechos y garantías constitucionales de la víctima relacionadas al principio de igualdad, debido proceso, seguridad jurídica, principio de legalidad, objetividad y probidad, ya que su pronunciamiento  fue fundamentado y la demora en la emisión no es atribuible a su autoridad, sino a la carga procesal existente; solicitando por lo expuesto, se declare improcedente la acción de amparo constitucional.

De los antecedentes procesales se constata que, el accionante, denunció que dentro de la querella presentada contra Miguel Ángel Bustamante Rondal, por la presunta comisión del delito de estafa, el demandado Fiscal de Materia, emitió Resolución de sobreseimiento a favor del imputado, que fue ratificada por el codemandado Fiscal de Distrito, cuestionando en esencia dos situaciones: a) Falta de fundamentación en las Resoluciones dictadas a su turno, por ambas autoridades; y, b) La emisión de las mismas, fuera de plazo legal; siendo imperioso referirse a cada una de ellas, para constatar si efectivamente vulneraron los derechos que se invocan en la acción de amparo constitucional: