SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1848/2011-R

En ese sentido la SC 0595/2010-R de 12 de julio, fue categórica al puntualizar: “Los jueces o tribunales de garantías constitucionales son los responsables de velar por el cumplimiento de su resolución, teniendo la potestad de remitir antecedentes al Ministerio Público para su juzgamiento penal a quienes se resistan; es decir; que quien vulnera derechos fundamentales no sólo está sujeto a responsabilidad civil sino también a responsabilidad penal. Lo propio cuando el Tribunal Constitucional les remite la sentencia constitucional, son los jueces y tribunales de garantías quienes deben ejecutar el fallo.

En caso de que este Tribunal en grado de revisión de oficio, revoca la concesión u otorgación de tutela dispuesta por el juez o tribunal de garantías, y en consecuencia deniega la tutela, el proceso judicial o administrativo, o actos demandados, vuelven al estado en que se encontraba al momento de la interposición de la acción de defensa, quedando sin efecto lo emergente de la disposición del tribunal de garantías; no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la sentencia constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional tomar determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica” (las negrillas nos pertenecen).

Dentro del marco legal que rige la ejecución y cumplimiento de las resoluciones dictadas en esta jurisdicción y la finalidad de control de constitucionalidad, este Tribunal confirmó que no es admisible la interposición de una nueva acción de libertad, pretendiendo se exija u ordene el acatamiento de lo dispuesto en una anterior, al estar sancionada la desobediencia de estas resoluciones en la conducta tipificada en el 179 BIS del CP; de admitirse esta situación, se desnaturalizaría el carácter de tutela efectiva de derechos y garantías fundamentales y restaría efectividad a las resoluciones enunciadas en sede constitucional. Al respecto, la SC 0318/2010-R de 15 de junio, señaló: “… en atención a los fines del control tutelar de constitucionalidad, previstos tanto en la Constitución Política del Estado abrogada, como en la Constitución Política del Estado vigente, se ha entendido que por su naturaleza y los derechos tutelados por el hábeas corpus -hoy acción de libertad- (…) en los casos de desobediencia no corresponde deducir un nuevo recurso, sino recurrir a la vía penal por cuanto tal situación implica la comisión del delito de desobediencia a resoluciones en procesos de hábeas corpus y amparo constitucional, previsto y sancionado por el art. 179 BIS del Código Penal (CP), sin perjuicio de acudir previamente al juez o tribunal de garantías…”. Similar entendimiento se asumió en las SSCC 0029/2011-R, 0085/2011-R y 0688/2011-R, entre otras.

Hechas las aclaraciones previas, de la sola lectura del memorial de interposición de la acción de libertad y el petitorio de la representada por el accionante, se advierte que solicita similar pretensión que la ya concedida a través de la Resolución 10 de 23 de junio de 2010, dictada en sede constitucional como resultado de una acción de libertad interpuesta el 12 de junio de 2010, por Sonia Rosales Suárez, bajo la representación de José Vargas Barba y resuelta en revisión por este Tribunal a través de la SC 1237/2011-R; sin embargo, conforme a las normas y jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico que precede, no corresponde analizar el cumplimiento de la referida Resolución, porque fue dictada dentro de un proceso tutelar anterior de la misma naturaleza. En ese sentido y de conformidad a la jurisprudencia citada, en caso de considerar que el Juez de garantías y las demás autoridades codemandadas, desobedecieron lo resuelto en la Resolución 10, Sonia Rosales Suárez tiene la facultad de activar la vía que considere pertinente.