Sentencia: 1838/2010-R

Mediante Instructivo 069/2006 de 16 de marzo se dispuso el inicio de investigaciones en su contra, argumentando supuestas denuncias públicas que jamás se acompañaron, y mediante memorándum 193/2006 de 6 de abril se le comunicó una orden de vacación forzosa, con el único fin de encontrar -en ese periodo- documentación que le incriminara en irregularidades en su "límpida" gestión como Fiscal de Distrito.

Al no encontrar elementos incriminatorios en su contra utilizaron a un ex Fiscal para presentar denuncia en su contra por delitos de acción privada, y mediante Resolución 75/2006, el ex Fiscal General resolvió la suspensión de sus funciones como Fiscal del Distrito de La Paz mientras dure ese proceso penal, sin goce de haberes.  Ante la violación de derechos y garantías constitucionales, presentó amparo constitucional contra el ex Fiscal General, que fue declarado procedente, determinándose la restitución inmediata a sus funciones de Fiscal de Distrito; sin embargo, un día después de dictada esa Resolución, con el fin de frenar su restitución, fue notificado con otra acusación, y por Resolución 157 de "4 de diciembre" (sic) el actual Fiscal General a.i. le suspendió de sus funciones sin goce de haberes mientras dure el proceso penal instaurado en su contra.  Presentada la objeción a dicha Resolución, por requerimiento de 22 de diciembre de 2006, la autoridad recurrida ratificó y mantuvo incólume la Resolución 157/2006, con fundamentos inconsistentes, soslayando referir la norma que le faculta suspenderle sin goce de haberes.

Con esa determinación se lesionó el principio de presunción de inocencia, por cuanto la suspensión tiene carácter preventivo y no sancionatorio, empero cuando está acompañada de la restricción de percibir remuneración, se convierte en una sanción impuesta sin previo proceso, lesionando también, de esta manera, su derecho a la dignidad por cuanto  sin que se hubiere determinado fehacientemente su responsabilidad se está asumiendo una decisión que le afecta personal y profesionalmente.

Se vulneró su derecho al trabajo, por cuanto el art. 101 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) si bien faculta al Fiscal General a suspender de sus funciones -mediante resolución fundada- a los fiscales cuando estén formalmente acusados, empero no faculta a la suspensión sin goce de haberes, lo que también lesiona su derecho a una justa remuneración, encontrándose siete meses sin que pueda sustentarse ni otorgar a su familia una vida digna, además, que no puede tener otro trabajo ni público ni privado, pues el hacerlo por la necesidad se convertiría en una renuncia tácita al cargo, además de constituir una falta grave.

Se lesionó su derecho a la defensa, a la garantía del debido proceso y a la seguridad jurídica, pues no ha existido proceso, no se menciona prueba ni fundamento objetivo que sustente la determinación de suspenderle sin goce de haberes, conculcando el deber de motivación de las Resoluciones, no obstante que el propio art. 101 de la LOMP establece que para suspender a un fiscal de sus funciones, el Fiscal General debe emitir una resolución fundamentada.