SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0126/2011-R

Felipe, Daniel, Enriqueta, Magdalena Mérida Bazoalto y Eliodoro Claros Córdova, en el informe escrito que cursa de fs. 101 a 102 vta., señalaron que: 1) No conocen al representado del accionante y niegan haber firmado como testigos a ruego en el documento de 22 de agosto de 2001; de igual forma, la firma y rúbrica estampada en el formulario de citaciones y notificaciones dentro del proceso preliminar, ha sido falsificada, pues se citó a tres personas con la misma hora, minuto y fecha, así como en un solo domicilio; 2) Niegan el avasallamiento, destrucción o violación a garantías constitucionales, y los documentos acompañados por el accionante no acreditan derecho propietario, pues son fraguados; 3) Magdalena Mérida Bazoalto, es propietaria del lote de terreno a título de sucesión hereditaria, inscrito en Derechos Reales (DD.RR.), con matrícula 3.01.1.02.0035199, asiento A-2 de 9 de julio de 2008, hallándose en posesión de la superficie de 403.44 m², con pago de impuestos hasta la gestión 2009; habiendo solicitado interdicto posesorio el 24 de julio de 2008, al cual se opuso el representado del accionante, estando a la fecha pendiente de resolución; 4) Eliodoro Claros Córdova, en el mismo informe señala que adquirió de los codemandados (hijos de Paulino Mérida y Alejandra Bazoalto de Mérida) la superficie de 118 m², mediante documento privado de 4 de septiembre de 2007, el cual fue ratificado con la única heredera Magdalena Mérida Bazoalto, el 17 de noviembre de 2010; asimismo, señala que no conoce al representado del accionante; y, 5) El Tribunal de amparo no está facultado para dilucidar derecho propietario, además, el accionante se opuso al interdicto posesorio en la vía ordinaria pendiente de resolución, por lo que solicita se declare “improcedente” la acción de amparo constitucional.

“1) Debe existir una debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia a mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentre ante una situación de desprotección o desventaja frente al demandado, o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por la desproporcionalidad de los medios o acción; la presentación de la acción de amparo constitucional debe ser de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiariedad. De lo contrario no justificaría la premura ni gravedad y deberá agotar las instancias jurisdiccionales o administrativas pertinentes según sea el caso, y agotadas las mismas, acudir a la jurisdicción constitucional.