SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0126/2011-R

Otro aspecto es que en el Juzgado Primero de Instrucción en lo Civil, se encuentra dilucidando un proceso sobre interdicto de adquirir la posesión, seguido por la codemandada Magdalena Mérida Bazoalto, y donde el ahora accionante en representación de su mandante presentó memorial denunciando los actos ilícitos de venta de su terreno realizado por la nombrada. Al respecto, la SC 0749/2003-R de 4 de junio, señaló lo siguiente: “…cuando se trata de actos ilegales que recaigan sobre bienes que estén vinculados al derecho de propiedad o de posesión, debe demostrar la inexistencia de discusión o controversia sobre los mismos para legitimar su denuncia en esta jurisdicción, pues esto, resulta esencial para la concesión de la tutela, dado que no podrá tenerse como amenazado, restringido o suprimido un derecho cuando no se tiene certeza de que el recurrente es el verdadero titular del derecho, pues de otorgarse la tutela se crearía inseguridad jurídica y se dejaría una posibilidad de lesionar derechos del que resulte el verdadero titular, que puede ser tanto la parte recurrida como un tercero”. Proceso que se encuentra pendiente de resolución, es decir, aún no cuenta con sentencia, otra razón más para que este Tribunal no otorgue la tutela solicitada, pues las autoridades jurisdiccionales, aún no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre los actos ilegales denunciados.

Consecuentemente, al estar demostrado que el accionante no cumplió con uno de los requisitos de procedencia como es el agotamiento previo de los medios y recursos legales ordinarios, es decir, la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional; como tampoco ha cumplido las exigencias para que de manera excepcional se haga abstracción de tal principio procesal, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.