SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0207/2011-R

En el presente caso, el accionante denuncia presuntos actos ilegales que se hubieran cometido por parte del funcionario policial que procedió con su aprehensión, del Investigador asignado a la Unidad Operativa de Tránsito de El Alto, quien extrañamente refiere que le condujo a esa dependencia en calidad de arrestado; empero, cualquiera sea el supuesto, éste último no puso en conocimiento de la autoridad fiscal, sobre su aprehensión o arresto, dentro de los términos que establece la ley, irregularidades que fueron permitidas por el Fiscal demandado; sin embargo,  de la revisión de antecedentes, y especialmente del informe emitido por dicho Fiscal, el mismo que no fue desvirtuado por el accionante y más por el contrario ratificado; se constata que el mismo día de la presentación de la presente acción tutelar -19 de mayo de 2009, a horas 11:50-, el Juez cautelar señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para horas 15:30, donde el accionante denunció esas irregularidades, siendo rechazada por la autoridad judicial, quien al mismo tiempo ordenó su detención preventiva, decisión que fue objeto de apelación; por consiguiente, al momento de llevarse a cabo la audiencia de acción de libertad, todos los actos irregulares que ahora se denuncian, fueron resueltos por la jurisdicción ordinaria, y sujeto inclusive a un medio de impugnación como es la apelación, el mismo, que dicho sea de paso se encuentra pendiente de resolución, y por ende sujeto a revisión por parte de la autoridad superior; lo cual hace inviable que éste Tribunal ingrese al análisis de fondo de la problemática planteada, a los fines de evitar que sobre un mismo hecho existan dos decisiones, una por parte de la autoridad jurisdiccional y otra de la jurisdicción constitucional. 

Consecuentemente, el accionante no puede pretender que a través de la acción de libertad, se reparen presuntos actos ilegales, que ya fueron denunciados ante autoridad competente; y más aún, cuando existe un medio de impugnación, pendiente, a ser resuelto por la autoridad jurisdiccional; situación que determina se deniegue la tutela solicitada, por cuanto en aplicación del principio de subsidiariedad que rige excepcionalmente en la presente acción tutelar, correspondía acudir a la jurisdicción constitucional, solamente una vez agotados tales medios de defensa y ante la persistencia de la lesión, razón que impide posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.