Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0641/2011-R
Fecha: 03-May-2011
II.4.
II.4. Dentro del proceso penal seguido por Julio Cristobal Ullóa Carrasco contra presuntos autores, por el caso terrorismo, el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de Santa Cruz, solicitó la inhibitoria de la Juez Décimo de Instrucción del mismo Distrito Judicial, quien por Auto de 22 de junio de 2009, rechazó dicha inhibitoria, la que elevada para resolver el conflicto de competencia suscitado, fue radicado en la Sala Penal Primera, quienes resolvieron el mismo por Auto de 10 de julio de 2009; declarando competente al Juez Tapia Pachi para asumir y proseguir dicho proceso; asímismo, se tiene que el 2 de septiembre de 2009, las Vocales Teresa Vela Cañellas de Gil y Teresa Lourdes Ardaya, miembros de la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, declararon la competencia del Juez 8 de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, ahora accionante (fs. 33 a 61).
- I.1.1. Hechos que la motivan
- I.1.3. Petitorio
- i)
- a)
- “procedente” el “recurso”, concediendo la tutela constitucional peticionada, dejando sin efecto la citación emitida por el fiscal Prudencio Flores Barrancos de 7 de septiembre de 2009,
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1
- II.2
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad
- a) Los atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación del derecho a la libertad; c) Cualquier acto u omisión que constituya procesamiento indebido; d) Cualquier acto o omisión que implique persecución indebida.
- III.2. Los supuestos de subsidiariedad excepcional en el hábeas corpus, ahora acción de libertad, establecidos por la jurisprudencia constitucional
- II
- III
- no será posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevea otros medios de impugnación específicos, idóneos y efectivos para restituir el derecho a la libertad física o personal, en forma inmediata
- por ello, toda persona relacionada a una investigación, que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus derechos y garantías, debe acudir ante esa autoridad
- al juez no le está permitido convalidar los actos en los que se vulneraron esos derechos; al contrario, tiene el deber
- 1) Legalidad formal de la aprehensión
- 2) Legalidad material de la aprehensión
- situaciones que no se presentan en el control que efectúa el juez cautelar respecto a la aprehensión ordenadas y ejecutadas por las autoridades fiscales o policiales, respectivamente, pues el juzgador se limita a declarar la legalidad o ilegalidad de la aprehensión
- o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por ley, e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella"
- Fragmento 24
- bajo el primer cauce configurativo de este presupuesto de activación de la acción de libertad, se establece que la persecución ilegal o indebida, debe ser entendida como toda acción ilegal cometida por un funcionario público o un particular, conducta que implica una manifiesta y evidente persecución, acoso, búsqueda u hostigamiento, sin que exista una justa causa fundada en derecho, destinada a suprimir, restringir, perturbar o limitar el derecho a la libertad física, la vida o algún otro derecho estrictamente vinculado a éstos dos últimos
- la problemática concreta debe ser contextualizada dentro de los alcances y efectos del segundo cauce configurativo de la persecución ilegal,
- previamente se deben agotar los mecanismos de protección específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, operando la acción de libertad solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”
- En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación”
- todo acto denunciado como lesivo a los derechos a la libertad física o a la vida, referentes a ordenes de detención, captura o aprehensión, que en criterio del accionante, no cumpla con los presupuestos procesales establecidos para su legal emisión y estén destinados a suprimir, restringir o limitar el derecho a la libertad física o incluso a la vida,
- III.4 La denegatoria del hábeas corpus en los casos en los que se activa la jurisdicción ordinaria para reparar la ilegalidad denunciada
- III.4 Análisis del caso concreto
- 9 de septiembre de 2009,
- 10 de septiembre de 2009
- 2. Sobre la citación fiscal y la intervención de la autoridad recurrida en el presente proceso
- procedente”
- con la finalidad de evitar dilaciones procesales en la causa penal que se sigue en contra del ahora accionante