SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0771/2011-R

La Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución de 28 de julio de 2009, cursante de fs. 132 a 134, declaró “improcedente” la tutela solicitada, con los siguientes argumentos: i) Conforme previene los arts. 128 y 129 de la CPE, facultan a las personas a demandar amparo constitucional; ii) Del análisis de las disposiciones constitucionales se llegó al conocimiento de que la demanda de amparo constitucional y la resolución dictada por el Tribunal Constitucional, tiende a la protección inmediata de un derecho concreto de la persona perjudicada; esto significa que la resolución favorable ampara y restituye el derecho específico vulnerado, esa resolución constitucional con efecto concreto  a un caso determinado no es aplicable a otros casos similares posteriores que la persona haya sufrido por no tratarse de una disposición legal; iii) La Resolución dictada por la Sala Penal Tercera el 11 de marzo de 2005, aprobada por la SC 1011/2005-R, surte efecto concreto sobre el memorándum URH 1378/04 de 9 de septiembre de 2004, cuya nulidad se dispuso; estas resoluciones de los Tribunales Constitucionales no son aplicables a otros casos posteriores, cual es el nuevo despido de Gualberto Mancilla Iriarte, emergente del memorándum URH 1166/08, reclamado por este; en varios escritos presentados a la Prefectura, como en el petitorio la demanda de amparo constitucional del accionante que expresamente pidió: “En cumplimiento de la SC 1011/2005-R, se deje sin efecto el memorándum URH/1166/08 de 22 de octubre de 2008” (sic); y, iv) Cualquier ilegalidad de la carta de despido, el accionante de amparo tenía la obligación de denunciar y reclamar ante el Prefecto del Departamento en la vía administrativa.

Por lo expuesto precedentemente, la situación planteada se encuentra dentro las previsiones y alcances de la acción de amparo constitucional, por lo que el Tribunal de garantías, al haber declarado “improcedente” la tutela, no ha efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y dado correcta aplicación a esta acción tutelar.