SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0980/2011-R

Encontrándose bajo control jurisdiccional y al no obtener respuesta de parte del Fiscal de Materia demandado, el 23 de abril de 2010, el accionante, recurrió ante la Jueza Novena de Instrucción en lo Penal, denunciando persecución ilegal, contra el titular de la investigación, ante la reiterada negativa de escuchar su petición, pese a haber justificado su impedimento para concurrir al anterior señalamiento; además, denunció que en función a la competencia territorial, el Fiscal debió declinar competencia en razón a que el caso correspondería ser investigado en el Distrito de El Torno. Pidiendo, ordene al fiscal deje sin efecto el mandamiento de aprehensión expedido en contra de su defendido y fije nueva fecha para la recepción de su declaración informativa.

Por decreto de 23 de abril de 2010, la autoridad jurisdiccional también demandada, ordenó el traslado del memorial al representante del Ministerio Público para que conteste en el término de tres días y por proveído del día siguiente, dispuso la acumulación de la documentación presentada en un segundo memorial.

Teniendo presente, que la libertad constituye en un derecho fundamental de primer orden que debe ser considerada con preeminencia,  dado que de él deriva el ejercicio de los demás; la Jueza demandada debió resolver inmediatamente la denuncia de persecución ilegal efectuada por el accionante contra el representante del Ministerio Público, más aun si acreditó los extremos denunciados con documentación correspondiente al cuaderno de investigación y que denotaron los actos ilegales en los que incurrió dicha autoridad. Con el traslado y la concesión de plazo para que el órgano de investigación se pronuncie, se dilató indebida e ilegalmente la protección efectiva al derecho fundamental a la libertad del accionante, considerando que el mandamiento de aprehensión se encontraba pendiente de ser ejecutado en cualquier momento; además, de haberlo puesto en constante estado de incertidumbre sobre la restricción a su libertad.

Concluyendo que el actuar de la referida autoridad, constituye dilación indebida en la protección oportuna y eficaz del derecho a la libertad que consagra la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal; amerita la concesión de la tutela invocada en la presente acción, en función a que el órgano jurisdiccional de la causa, tiene a su cargo el control de la investigación, en sentido de resguardar que la misma se lleve adelante dentro del marco del respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso en aplicación del art. 54.1 de la norma adjetiva penal. En el caso concreto, la Jueza demandada no resguardó los derechos del defendido del accionante, dado que su erróneo pronunciamiento, permitió que continuara persistente la amenaza a su libertad  y que se extendiera por más tiempo la persecución ilegal e indebida en su contra; cuando debió resolver inmediatamente, ordenando que el Fiscal demandado, fije nueva fecha y hora para la recepción de su declaración informativa, restituyendo las formalidades legales dentro de la investigación y por ende los derechos del accionante.