SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1059/2011-R

El accionante reiteró los argumentos contenidos en la demanda de amparo constitucional, en uso de la replica, indicó que: a) Las actas ha las que la demandada hace referencia carecen de valor por no estar legalizadas y porque los libros si bien tienen acta de apertura faccionada por Notario de Fe Pública, empero no cuentan con acta de cierre; b) La limitación de derechos debió estar prevista en los Estatutos;     c) La Asociación señala que rechazó el ingreso de la chalana en octubre de 2008, lo que contradice el hecho que el 2009, señalaron cuál era el camino para su ingreso, mas cuando recién el 23 de diciembre de 2008, la chalana nació a la vida jurídica; y, d) La demandada señala que nada impide que trabaje a lo largo del río; sin embargo se evidencia la discriminación  de la que fue objeto, pues la terminal es una obra pública de propiedad de la población de Guayaramerín, por lo que no puede restringir que alguien salga o entre de ese punto.

Respecto al derecho de petición este Tribunal, a través de la SC 0571/2010-R de 12 de julio, precisó que: “El art. 24 de la CPE, establece que:            ´Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario`; así también la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, estableció que: ´…en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) La formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) Que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) Que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable; y, d) Se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión”.

Empero, mediante SC 1995/2010-R de 26 de octubre, se moduló la SC 0571/2010-R, señalando que: “…el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano.