SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1325/2011-R

'(…) en el marco de la máxima jurídica de que 'los derechos se ejercen y las obligaciones se cumplen', el legislador ordinario, al emitir la ley de desarrollo de las normas constitucionales previstas en los arts. 19 y 120.7ª de la Constitución, ha previsto una excepción a la regla de procedencia del Amparo Constitucional contra actos u omisiones ilegales o indebidos que restrinjan o supriman los derechos fundamentales o garantías constitucionales; esa excepción es la improcedencia del amparo por los actos consentidos libre y expresamente; así lo determina el art. 96.2) de la Ley 1836. La excepción prevista en la citada norma, tiene su fundamento en el respeto al libre desarrollo de la personalidad (…)'.

Interpretando el alcance de la norma contenida en el art. 96.2) de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) anteriormente referida, en la SC 685/2003-R, de 21 de mayo, se dijo: '(…) una de las notas caracterizadoras de todo derecho fundamental es el de ser un derecho subjetivo. Con esto quiere ponerse de relieve que el titular de un derecho fundamental no es la sociedad ni el Estado sino el individuo; por tanto, se trata de un derecho disponible. Conforme a esto, la persona que ha podido sufrir una vulneración a algún derecho fundamental, atendiendo razones particulares, puede consentir de manera expresa la lesión o amenaza a esos derechos, o simplemente adoptar una posición pasiva, consistente en no acudir a la tutela jurisdiccional. En el primer caso, el legislador de manera específica ha tomado la decisión política de que tales supuestos son causales de improcedencia en el recurso de amparo (art. 96.2 LTC)'.

Entre tanto, a través de la SC 0672/2005-R, de 16 de junio, este Tribunal señaló que: “…la causal de improcedencia contenida en el art. 96.2 de la LTC, exige que los supuestos actos ilegales hayan sido consentidos libre y expresamente, lo que significa que la voluntad de consentir el acto, por un lado, no debe haber sido fruto de presión física o moral alguna, y por otro, que debe manifestarse en forma inequívoca, a través de palabras u otros signos exteriores que denoten la voluntad de consentir el acto ilegal, impugnado a través del amparo constitucional… para declarar la improcedencia de un recurso de amparo constitucional por esa causal, no es suficiente una actuación implícita, dado que el consentimiento expreso importa un acto positivo, concreto, libre e inequívoco, vinculado de manera directa a la actuación ilegal impugnada; en otras palabras, la manifestación de la voluntad debe demostrar, de manera indubitable, el consentimiento a la amenaza o lesión a algún derecho fundamental”.

En ese sentido, constituye una causal de improcedencia de la acción de amparo el hecho de que el individuo hubiera consentido libremente que sus derechos fundamentales y garantías constitucionales puedan ser  lesionados o amenazados, respetando así la voluntad expresada por el titular de esos derechos y garantías. Por tanto, si bien resulta legítimo consentir los actos atentatorios, posteriormente ya no se podrá efectuar reclamo alguno sobre el particular. Sin embargo, esta figura se presenta en la acción de amparo, cuando la problemática se concentra en la persona, quien como titular de derechos y garantías, opta por consentir los actos atentatorios.

En este marco conceptual, es menester recordar que la acción de cumplimiento, de acuerdo al art. 134 de la CPE, procede en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida. Por consiguiente, la acción de cumplimiento tiene como objeto garantizar el cumplimiento de la Constitución y la Ley, protegiendo de esa manera el principio de legalidad y supremacía constitucional, la seguridad jurídica, y a su vez, de manera indirecta, derechos fundamentales y garantías constitucionales.

En cambio, en la acción de cumplimiento no está involucrada básicamente la lesión de derechos ni garantías del individuo, sino el cumplimiento estricto de la Constitución y de la Ley, por lo que su obediencia, acatamiento y observancia son obligatorias por parte de todas las personas, órganos públicos e instituciones, conforme determinan los arts. 108 y 410 de la CPE. Por consiguiente, esa actitud de sumisión es de orden público, lo que significa que tanto la Constitución como la Ley son de cumplimiento incondicional, y es el orden público el que actúa como límite a la autonomía de la voluntad, porque el interés general de la sociedad y del Estado se impone frente a los derechos del individuo.