SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0032/2012
Fecha: 04-Ene-2012
III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO
La accionante alega que en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, la Fiscal a cargo de la investigación, ordenó su aprehensión en base a un video y no así por haber sido encontrada en posesión de sustancias controladas, el cual, no constituye elemento para el inicio del proceso en su contra. Actuación que denunció en audiencia de consideración de medida cautelar ante el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, quien no consideró la inexistencia de suficientes elementos para dicha investigación y ordenó su detención preventiva. En apelación, los Vocales de la Sala Penal y Administrativa, confirmaron la decisión sin observar que no existen peligros procesales, la inadmisibilidad de la imputación y la ilegalidad de la aprehensión. Por consiguiente corresponde dilucidar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes y si constituyen actos ilegales que vulneraron los derechos de la accionante, con la finalidad de conceder o no la tutela solicitada.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
- a)
- 1)
- i)
- denegando
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO
- III.1. De la competencia y sus características
- III.1.2. El Juez o tribunal competente para conocer la acción de libertad
- de hacerlo, sus actos y decisiones son nulos de pleno derecho, no tienen ningún efecto, ni causan consecuencia jurídica alguna”
- ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal
- No es extensible esa competencia a otros jueces o vocales de otras salas, salvo las circunstancias que así lo obliguen,
- En síntesis, dado que por disposición constitucional la acción de libertad solo podrá ser conocida por un juez o tribunal en materia penal, en el supuesto de darse una situación anómala procesal en la que un órgano jurisdiccional (juez unipersonal o tribunal) no competente conociera la presente acción de defensa, sin observar la norma fundamental, sus actos y su decisión, como se tiene dicho, son nulos, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la decisión asumida por el tribunal incompetente y corregir el procedimiento, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
- para el conocimiento y sustanciación de la acción de libertad, por cuanto ningún otro Juez o tribunal está habilitada para ejercer dicha competencia, ni siquiera en suplencia legal, toda vez que si acaso no existiera juez o Sala Penal en el mismo Distrito Judicial que asuma competencia, la acción de libertad debe ser resuelta necesariamente por cualquier otro Juez en materia penal, es decir por Jueces y Tribunales de Sentencia en Capitales de departamento y Jueces de Instrucción o Mixtos en provincias, exceptuando los Jueces de Ejecución Penal debido a las atribuciones y competencias específicas asumidas por Ley.
- Es necesario aclarar que los Tribunales de Sentencia, asumirán excepcionalmente tal competencia, sólo en caso de impedimento de la o las Salas Penales de la capital del Distrito Judicial donde se haya presentado la acción de libertad, puesto que con relación a su composición, dejarán de ser un Tribunal Penal de justicia ordinaria -compuesto por cinco jueces, 2 técnicos y 3 ciudadanos-, y pasarán a asumir la competencia de un Tribunal de Garantías Constitucionales -integrado por ambos jueces técnicos-, y sólo respecto a la acción de libertad;
- Cabe señalar, que dicho razonamiento, constituye una modulación a la SC 0756/2011-R de 20 de mayo,
- III.2.1. La aplicación prospectiva de la jurisprudencia
- III.2.2. El principio de celeridad y la interpretación previsora
- el primero, la interpretación previsora que exige velar sobre las consecuencias y efectos de la determinación adoptada;
- III.2.3.1. Respecto de la existencia o no de los elementos que dieron lugar a la detención preventiva
- bajo ningún justificativo la jurisdicción constitucional puede interferir en el criterio que puedan emitir los jueces para determinar la culpabilidad o no de un imputado; de igual manera, la existencia o no del delito que se investigó, siendo que esta atribución le está asignada exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, no hallándose sujeta a control constitucional, pues ello significaría suplantarla.
- si consideraba que existe error en su formulación, debió impugnar esta situación ante el Juez contralor de la investigación, a través de los mecanismos intra procesales concedidos por ley al efecto, y en caso de persistir la lesión, a través de la acción de amparo constitucional. Lo que no aconteció en el caso de autos.
- III.2.3.2. Respecto del carácter modificable de las medidas cautelares
- DENEGAR