SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1881/2012
Fecha: 12-Oct-2012
II.4.
II.4. Carlos Gary Zaconeta Gallardo, por memorial de 25 de octubre de 2010, planteó recurso de apelación contra la Resolución de 11 de octubre del referido año; alegando que: a) El Auto impugnado que rechazó la nulidad de obrados no consideró, ni analizó las actuaciones procesales que fueron sustanciadas de forma errónea “infringiéndose las normas procesales que vician de nulidad el procedimiento” (sic); b) Se desconoció lo previsto por el art. 121 del CPC, que establece los requisitos que se deben cumplir para la citación por cédula, pretendiéndose dar legalidad al acto procesal del aviso judicial efectuado de forma errónea por el Oficial de Diligencias del Juzgado, señalando que no constituye causal de nulidad, siendo que ésta, se encuentra expresamente determinada por la norma; c) No se ha considerado el hecho de que se dejó a la parte en indefensión, lo cual atentó el principio de igualdad efectiva de las partes, al no haberse notificado de manera oportuna en su domicilio con la designación de perito, lo que impidió que pueda ejercer el derecho de recusar al perito designado, conforme establece el art. 433 del CPC; y, d) Tampoco se valoró correctamente el hecho de que en el acta de embargo que fue trabado sobre el inmueble de su propiedad, se designó a un depositario, quien no consignó su firma ni dio su conformidad; así como, que se notificó con los señalamientos de remate días después de haberse expedido los avisos para ese efecto.
Señala de la misma manera, que todas esas irregularidades en los actos procesales que fueron realizadas durante la tramitación de la causa, viciaron de nulidad el proceso y el Juez de primera instancia en virtud a los principios de preclusión, convalidación, especificidad y finalidad, las rechazó; por lo que, correspondería ser debidamente valoradas por el Juez ad quem (fs. 200 a 201 vta.).
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.2.
- De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto
- citra petita», conocido como por «omisión» en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados
- El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…”
- III.3. Respecto al recurso de apelación y los principios de congruencia y pertinencia
- Dicha argumentación no debe ser necesariamente extensa, al contrario el indicar de manera específica los aspectos cuestionados de la resolución impugnada por los cuales se considera que la misma es agraviante, no requiere de una redacción ampulosa, sino más bien, de precisión y claridad al exponer los mismos, que naturalmente guardarán relación con lo resuelto por el juez de primera instancia.
- En ese contexto, el art. 236 del mismo texto legal, respecto al principio de pertinencia, determina que la resolución que emita el juez o tribunal de apelación, se circunscribirá a la decisión del juez de primera instancia y a la expresión de ofensas contenida en el recurso; de ello se infiere que al momento de conocer y resolver un recurso de impugnación, se dilucidará la expresión de agravios respecto a la resolución del juez de la causa.
- Fragmento 19
- III.4.
- a la defensa
- III.5.2. Derecho al debido proceso
- tienen los sujetos procesales de acceder a los recursos y medios impugnalicios reconocidos por Ley en su favor, desechando rigurosismos o formalismos exagerados, a fin de que se logren los fines prácticos y políticos institucionales del sistema de impugnación, que son los de lograr que el mismo Juez o Tribunal u otro de superior jerarquía, corrija los errores o modifique los fallos y logre la aplicación correcta de la Constitución y las leyes
- i)
- conforme a la Ley Fundamental, no es admisible la exigencia de una extrema rigurosidad en las formas, que se traduzca en denegación de justicia, dando lugar a una decisión injusta que infrinja los principios constitucionales. Precisamente por esas razones, cuando de los datos del proceso sea posible identificar los agravios sufridos por el apelante, deberá la autoridad jurisdiccional que se encuentra en conocimiento del recurso de apelación, extraerlos para la resolución del caso; y si el memorial de demanda, aunque de manera ambigua, exponga medianamente tales agravios, entonces, con mayor razón deberá prevalecer la justicia material o sustancial sobre la formal, para pasar a emitir una decisión en el fondo, despojándose de paradigmas que impidan la materialización de la función de impartir justicia”
- nulidad del Auto de concesión de alzada
- CONFIRMAR