SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1925/2012
Fecha: 12-Oct-2012
La presente Ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo
Conforme al texto del Decreto Supremo ahora impugnado, éste reglamenta la Ley 2495 de Reestructuración Voluntaria, estableciendo su procedimiento, acorde a la previsión contenida en el art. 29 de esa Ley, que señala: “La presente Ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo…” (las negrillas nos corresponden); de acuerdo a ese mandato, es a través de la facultad que tiene el Órgano Ejecutivo, de promulgar leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y pronunciar decretos supremos, que se emitió la norma ahora impugnada, que no contradice de manera alguna el principio de irretroactividad de la ley; por cuanto, habiéndose establecido que la supuesta lesión a dicho principio constitucional, a decir del accionante, deviene de su aplicación retroactiva a procesos que se encontraban en trámite de solicitud de reestructuración, el mismo Decreto Supremo ahora impugnado, en la parte de sus “disposiciones abrogatorias y derogatorias”, deroga el parágrafo I del artículo único del DS 28414 de 21 de octubre de 2005, y deja vigente el parágrafo II, el mismo que establece: “Las determinaciones contenidas en el presente Decreto Supremo serán de aplicación inmediata, inclusive para aquellos procesos de reestructuración en trámite en los cuales aún no se hubiera homologado el acuerdo de transacción” (las negrillas nos pertenecen).
En efecto, conforme al procedimiento establecido por el DS 27384, mediante el cual se reglamenta la Ley de Reestructuración Voluntaria, el art. 36 establece los efectos del acuerdo de transacción, señalando en el parágrafo I que el acuerdo de transacción debidamente homologado por el “Superintendente” y registrado en el Registro de Comercio a su cargo, constituye novación, tiene los efectos de cosa juzgada e impide definitiva e irrevocablemente todo pronunciamiento judicial posterior, impidiendo por ningún motivo la modificación de la cuantía de los créditos; por ello, de ninguna manera se aplica de forma retroactiva el Decreto Supremo ahora impugnado a procesos que hubieran sido iniciados con anterioridad a su promulgación, sino que por previsión legal, y al quedar subsistente ese parágrafo, las disposiciones del tantas veces mencionado DS 29535, son aplicadas a los procesos que no cuenten con la homologación del acuerdo de transacción, y todavía no tienen efectos de cosa juzgada, lo cual impide la modificación de la situación ya consolidada; por cuanto al haber quedado vigente la norma prevista por el parágrafo II del artículo único del DS 28414, que establece la aplicación de dicho Decreto Supremo a situaciones en las cuales aún no se haya homologado el acuerdo de transacción, se entiende que es en virtud de lo establecido en el Decreto Supremo que quedó vigente la aplicación a todos esos trámites en los cuales no exista novación, y no a consecuencia de lo establecido por el Decreto Supremo ahora impugnado. Consecuentemente, dicha norma no contradice el art. 123 de la CPE, que proclama el principio de irretroactividad de la Ley.
- acción de inconstitucional abstracta
- I.1.1. Relación sintética de la acción
- I.2. Admisión y citaciones
- a)
- 'Estados financieros y flujo de fondos debidamente sustentados proyectados para el período de vigencia del Plan de Reestructuración.'
- II.2.
- II.
- Artículo 123.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- control de la constitucionalidad
- De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales objetadas
- El decreto se asemeja a la ley en que tiene fuerza obligatoria, general y permanente; pero difiere de ésta en cuanto al órgano del que emana y en que no establece derechos y obligaciones propiamente, sino los medios para hacerlos valer'
- III.3. En cuanto a los principios constitucionales
- III.4.1. El valor y principio de igualdad
- el art. 8.II de la Norma Suprema
- supone no sólo el reconocimiento por parte de las normas jurídicas del principio de no discriminación a la hora de reconocer y garantizar los derechos, sino además, el cumplimiento social efectivo de la misma. El mandato de igualdad en la formulación del derecho exige que todos sean tratados igual por el legislador
- diferenciando las hipótesis que exigen una misma respuesta de la ley y de la autoridad, pues respecto de éstas, la norma razonable no debe responder al igualitarismo ciego -lo que quebrantaría la igualdad- sino primordialmente al equilibrio que impone un trato diferente para circunstancias no coincidentes, lo que si
- El contenido esencial de la igualdad no se encuentra en la prohibición de establecer tratamientos normativos diferenciados, sino en la interdicción de normas diferenciadas no justificadas, esto es, arbitrarias o discriminatorias; para decirlo claramente, lo esencial para entender la igualdad jurídica, es que ésta no radica en la 'no diferenciación´ sino en la ´no discriminación entre pares', desplazándose el problema a la determinación del criterio que nos permita establecer cuando una diferenciación es o no discriminatoria, esto implica, que todas las personas sujetas a una misma norma o que se encuentren en una misma condición jurídica, deben someterse a la misma ley aplicable a los individuos de ese grupo.
- III.4.2. Del principio de irretroactividad de la norma
- El fundamento jurídico del principio de irretroactividad, es la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico, porque sin el mencionado principio se presentan confusiones sobre la oportunidad de regulación, de suerte que en muchas ocasiones con una conveniencia presente se regulaba una situación pasada, que resultaba exorbitante al sentido de la justicia, por falta de adecuación entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica
- que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común, de manera concurrente
- Es por ello, que el principio de irretroactividad no se contrapone con la necesidad de mutaciones normativas, que impiden la petrificación de un orden jurídico que ha de ser dinámico, en el sentido de ajustar a las condiciones y circunstancias actuales, sin que esto implique el desconocimiento de situaciones jurídicas definidas de acuerdo con la ley, ni la vulneración de los derechos adquiridos
- Fragmento 23
- significa que una disposición legal sólo puede ser modificada o cambiada mediante otra disposición legal de igual o superior jerarquía, en ningún caso una disposición legal inferior puede modificar a otra de jerarquía superior; así, por ejemplo, una Ley no puede ser modificada mediante Decreto Supremo, y éste no puede ser modificado mediante una Resolución.
- Significa que se constituye una pirámide jurídica en la que el primer lugar o la cima ocupa la Constitución como principio y fundamento de las demás normas jurídicas
- disponer la aplicación de una ley u otra norma de inferior jerarquía con preferencia a la Constitución Política del Estado;
- III.4.4. Principio a la seguridad jurídica
- III.5. E
- III.5.1. Respecto a la supuesta vulneración del principio de irretroactividad de la ley
- el cincuenta por ciento (50%) del saldo deudor a la fecha del registro ante la Superintendencia de Empresas”
- La presente Ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo
- III.5.2. Sobre la supuesta vulneración del principio de jerarquía normativa
- III.5.3. Sobre la supuesta vulneración al valor de igualdad
- III.5.4. Respecto a la presunta lesión al principio a la seguridad jurídica
- CONSTITUCIONALIDAD