SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1956/2012

La acción de amparo constitucional, conforme establecen los arts. 128 y   129.I de la CPE., tendrá lugar: “…contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley” y “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados"; disposiciones que expresamente establecen que las supuestas lesiones a los derechos fundamentales y garantías constitucionales deben ser reparadas en la jurisdicción ordinaria, y sólo en defecto de esta, de ser evidente la lesión al derecho o garantía invocados emergente de la acción u omisión o de la amenaza de restricción a los mismos, se concederá la tutela solicitada a través de la jurisdicción constitucional.

Por su parte el Código Procesal Constitucional, en el art. 51 dispone: “(OBJETO). La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

Normativa constitucional que encierra la esencia y el contenido de la acción de amparo constitucional, sobre cuyos fundamentos se procederá a evaluar los derechos que se alegan como vulnerados a efectos de su concesión o la existencia de elementos que hagan procedente la denegatoria de la tutela demandada.