SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2477/2012
Fecha: 28-Nov-2012
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En efecto, fue detenido preventivamente por la Jueza de Instrucción Mixta de la Guardia del departamento de Santa Cruz, quien dispuso esa medida incumpliendo su deber de revisar el cuaderno de investigaciones y como resultado -a decir del accionante- de su molestia al haber recibido una llamada de un amigo suyo quien le comunicara que su abogado habría manifestado que tenía todo arreglado con dicha Jueza. Además, la detención preventiva fue ordenada sin que hubiera sido solicitada por el Fiscal asignado ni fundamentada ni discutida en audiencia contra lo entendido por la “Sentencia Constitucional 731/2007-R”.
Apelada la resolución de detención preventiva, los Vocales ahora demandados no permitieron a su abogado reclamar sobre los defectos absolutos existentes en el proceso y en la audiencia de apelación, no obstante que reconocieron que la Jueza cautelar extralimitó sus funciones y en su consecuencia revocaron la medida de detención preventiva disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas, como son fianza de Bs10 000.- (diez mil bolivianos), arraigo y presentación semanal ante el Ministerio Público; empero, le otorgaron el plazo de quince días para que cumpla con esas medidas y se negaron a expedir mandamiento de libertad a su favor señalando que previamente debía cumplir con las medidas sustitutivas. Esto sin tener en cuenta que existen dos situaciones diferenciadas para exigir el cumplimiento previo de las medidas sustitutivas antes de expedir mandamiento de libertad.
La primera situación es que cuando se dispone la libertad dentro de una audiencia de cesación a la detención preventiva, las medidas sustitutivas deben ser previamente cumplidas antes de disponer la libertad; sin embargo, cuando las medidas sustitutivas son impuestas en una audiencia cautelar, el juez otorga plazo prudencial para su cumplimiento y dispone la inmediata libertad del imputado, conforme señaló la SC 0473/2004-R de 30 de marzo. En ese mismo razonamiento si la detención preventiva es revocada en apelación disponiendo medidas sustitutivas otorgándose un plazo para su cumplimiento, debe disponerse inmediatamente la libertad, puesto que la apelación es la continuación de la audiencia cautelar y no de una audiencia de cesación a la detención preventiva.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- el día de ayer
- a)
- II.1.
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 9
- III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la naturaleza jurídica y ámbito de protección de la acción de libertad
- III.1.1. Reiteración de jurisprudencia sobre la aplicación del principio de inversión de la carga de la prueba en la acción de libertad
- sólo con la prueba aportada por el accionante,
- cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos
- lleva implícito el principio de inversión de la prueba cuando la prueba que acredite o desvirtúe los hechos denunciados se encuentre en poder del sujeto pasivo de la acción de libertad máxime si este es un servidor público y por tanto cuenta con el deber jurídico de respaldar y explicar sus actos y no lo hace pese a su legal citación con la demanda de acción de libertad.
- pri
- interpretación conforme a los principios constitucionales
- y, que esta tipología no tiene simplemente una finalidad académica, sino conceptual y sustancial debido a que incide principalmente en los efectos de la concesión de la tutela que acoja la respectiva acción de libertad.
- es decir, el 10 de octubre de 2012
- no puede aplicarse el principio de presunción de veracidad a favor del accionante
- Segundo.- En los casos, en que interpuesta la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.
- III.2. Reiteración de jurisprudencia sobre la interpretación de la norma contenida en el art. 245 del CPP