Sentencia Constitucional Plurinacional: 2621/2012
Fecha: 21-Dic-2012
A los legisladores (del nivel central-Asamblea Legislativa Plurinacional, las entidades territoriales autónomas) y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos), al momento de realizar desarrollo legislativo
“Estos mandatos jurídicos [refiriéndose a las normas constitucionales-principios] son para todo el poder público y para la convivencia social de los ciudadanos. A los legisladores (del nivel central-Asamblea Legislativa Plurinacional, las entidades territoriales autónomas) y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos), al momento de realizar desarrollo legislativo o en la interpretación y aplicación del Derecho Indígena “en sentido de que en el proceso de creación de las normas no ignore los principios, toda vez que al ser estos la base en la que se inspira el modelo de sociedad que la Constitución propugna, debe existir coherencia y armonía entre la ley a crearse y los principios de la Constitución”. Al Órgano Ejecutivo, en el ejercicio de su potestad reglamentaria (emisión de decretos supremos, resoluciones supremas, etc.), a las autoridades judiciales o administrativas en la interpretación y aplicación de la Constitución y la Ley y principalmente al Tribunal Constitucional Plurinacional, como defensor y garante de la Constitución axiológica y normativa, en su labor decisoria cotidiana”.
- Promovido por: El Juez Onceavo de Partido en lo Civil y Comercial del departamento de Cochabamba
- I. ANTECENDENTES
- veinticinco por ciento
- (1)
- (1.a)
- constitucionalidad
- los valores superiores deben ser considerados como mandatos dirigidos, primero, al legislador, para que sean tomados en cuenta en la elaboración de las leyes
- Estos principios constituyen verdaderos mandatos jurídicos, dirigidos, en primer término, al legislador
- La Constitución se tendrá por infringida cuando el texto de una ley, decreto, resolución o actos emanados de autoridad pública o de persona particular, natural o jurídica, sus efectos o su interpretación en relación a un casa concreto, sean contrarios a las normas o principios de aquélla
- sino como la Ley Suprema que contiene los valores, principios, derechos y garantías que deben ser la base de todos los órganos del poder público, en especial del legislador
- A los legisladores (del nivel central-Asamblea Legislativa Plurinacional, las entidades territoriales autónomas) y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos), al momento de realizar desarrollo legislativo
- II.2. Al legislador (Asamblea Legislativa Plurinacional) es al único órgano productor de normas que le está permitido imponer límites a los derechos fundamentales y garantías constitucionales (principio de reservade ley, art. 109.II de la CPE) pero no a tal punto de violar su contenido esencial por regulaciones desproporcionadas (principio de inviolabilidad de los derechos, art. 13.I de la CPE)
- Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley
- no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio
- implica una prohibición constitucional del ejercicio de la competencia pública de la Asamblea Legislativa Plurinacional de forma desproporcionada
- a)
- que no se debe buscar la efectividad de un derecho mediante el sacrificio o restricción total de otro.
- En este proceso de armonización concreta de los derechos, el principio de proporcionalidad, que se deduce del deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, juega un papel crucial. Los límites trazados al ejercicio de los derechos, en el caso concreto, deben ser proporcionales, esto es, no deben ir más allá de lo indispensable para permitir la máxima efectividad de los derechos en pugna.
- y se pretende impedir que, por la vía de la restricción injustificada de los derechos, termine por socavarse el contenido de uno o varios de ellos. Dicho de otro modo, la restricción o limitación en la que se traduce la medida legal a adoptarse por la autoridad competente, debe guardar una relación equilibrada y razonable con el fin perseguido. Rompe el mencionado equilibrio, la medida legal que impone a la persona una carga o restricción irrazonable, excesiva o inadecuada.
- Entonces, conceptualmente tiene una comprensión unívoca la violación del principio constitucional de proporcionalidad y de la garantía de inviolabilidad de los derechos
- Idoneidad
- Fragmento 22
- 1º El 25% del valor de la base original (segunda subasta).
- 3º. El 50% de la base original
- 4º. El 80%de la última base, es decir, de la base que resulte de la deducción del 50% (Tercera subasta)
- considero que este Tribunal debió declarar la constitucionalidad condicionada, bajo la tipología de una sentencia interpretativa de la norma procesal referida, en el sentido de establecer que la base para el remate -independientemente del número de subastas- debió quedarse en el (75%) del avalúo comercial de los bienes del deudor
- idóneo
- en el sentido de establecer que la base para el remate -independientemente del número de subastas- debe quedarse en el 75% del avalúo comercial de los bienes del deudor