AUTO CONSTITUCIONAL 0001/2012-RCA-SL

Por memorial de 1 de octubre de 2010 (fs. 3 a 4 vta.), Carlos Barrero Suárez, refiere que el Gobierno Municipal de Santa Cruz, implemento la modificación y demolición del proyecto arquitectónico del edificio administrativo del cementerio general, sin contar con la autorización de los autores del proyecto, Eduardo Sandino y el accionante, que dio origen al proceso penal por los delitos de daño calificado y contra la propiedad intelectual, dirigido en contra de Edmundo Farah que desempeñaba funciones como Oficial Mayor de Planificación y Angélica Sosa responsable de la ejecución de la obra, que a la fecha no ha sido admitido por la Fiscal de Materia, incurriéndose en negación y retardo de justicia. Manifiesta que, el Ministerio Público tiene el deber de defender la legalidad y los intereses de la sociedad como manda el art. 225 de la  Constitución Política del Estado (CPE), con relación al art. 3 de la Ley de Organización del Ministerio Público (LOMP) y art. 70 del Código de Procedimiento Penal (CPP).