AUTO CONSTITUCIONAL 0025/2012-RCA

En igual sentido, la SC 0365/2005-R, establece que los requisitos de procedencia “están destinados a evitar el inicio de un procedimiento que carezca de los elementos básicos necesarios para decidir sobre la pretensión jurídica deducida; sea para estimarla o desestimarla” (las negrillas son agregadas).

  Por lo expuesto, conforme a lo establecido por la ley y la jurisprudencia constitucional descrita referida a la acción de amparo constitucional aplicable a la acción de cumplimiento, por imperio de lo dispuesto por el art. 134.II de la CPE, que señala que ambas acciones se tramitarán de la misma forma, el juez o tribunal de garantías está obligado a determinar si procede o no, si se presenta alguna causal de improcedencia; es decir, una vez verificada la concurrencia de las causales de improcedencia señaladas en el art. 89 de la LTCP, el tribunal o juez de garantías declarará la improcedencia in limine, mediante auto debidamente motivado; en cambio, si constata que procede por no existir ninguno de los supuestos de improcedencia reglada por el antes citado artículo y Ley, la autoridad judicial tendrá que abocarse al análisis de los requisitos de admisibilidad.