SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0082/2012
Fecha: 16-Abr-2012
II.1.
II.1. Por Resolución 003/2008 de 4 de agosto, se tiene que Edward Omar Mollinedo Pinedo, Fiscal de Materia, decidió requerir el sobreseimiento de Patricia del Carmen Gumucio Guachalla, por la presunta comisión del delito de ejercicio indebido de la profesión, y de Verónica Mallea Rada, por la probable comisión del delito de incumplimiento de deberes, conductas antijurídicas que se atribuyeron en la Resolución de imputación formal 09/2007, pronunciada por Tania Alfaro, Fiscal de Materia, cuyo fundamento es que al momento de convocarse para la preselección del cargo de referencia no era requisito tener el título de licenciatura, aspecto consentido por la Aduana Nacional como por la empresa seleccionadora de personal, por lo que no existiría suficientes elementos probatorios como para fundar una acusación (fs. 69 a 71vta).
- ,
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- concedió en parte
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y la valoración de la prueba
- cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma.
- salvo cuando el juzgador se hubiese apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales
- III.2. El debido proceso y la motivación de las resoluciones
- III.3. Análisis del caso concreto
- APROBAR