SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0140/2012

El abogado del accionante ratificó y amplió la acción de amparo constitucional presentada en los siguientes términos: a) La primera irregularidad del proceso administrativo seguido en contra del accionante fue desconocer lo dispuesto por el art. 28 del Decreto Supremo (DS) 26398, que señala que el retiro de los profesores que ejercen cargos administrativos, como es un Director de Unidad Educativa sólo será posible cuando alguno de los órganos de participación popular en educación lo pida, es decir, no prevé la posibilidad de una sola denuncia como ocurrió en su caso y si bien hubo una segunda denuncia, ésta nunca le fue notificada; b) La resolución administrativa sancionadora en su contra carece de fundamentación jurídica; c) El Director Distrital de Educación III de la Capital en lugar de remitir el recurso jerárquico ante el Ministerio de Educación, conforme lo establece el art. 66.III de la LPA, dictó el mismo usurpando funciones de dicha entidad, inobservando el principio administrativo de avocación consagrado en el art. 9 de la LPA, que para operar tiene que ser a través de resolución expresa y motivada; y, d) Se ha lesionado el derecho a la salud de su representado porque al haberlo cesado injustamente de su cargo ya no tiene seguro social de corto plazo y requiere del mismo porque tiene la enfermedad de chagas.

La parte demandada, solicitó aclaración y enmienda en la audiencia señalando que el hecho de anular solamente la resoluciones de revocatoria y jerárquico determina que el Tribunal de garantías está dando por bien hecho la resolución administrativa sancionadora dictada en contra del accionante y que no está claro si se anula o no. A cuya solicitud, en vía de aclaración el Tribunal de garantías señaló que: a) No se anuló el procedimiento administrativo sino las Resoluciones de revocatoria y jerárquica; y, b) No se puede ejecutar la Resolución sancionatoria por el principio de presunción de inocencia (art. 74 de la LPA), porque no se encuentra ejecutoriada, lo cual implica la forzosa e imperiosa restitución del accionante al cargo que anteriormente ejercía con todos los salarios y derechos inherentes que le correspondía a sus funciones. Es decir, esa Resolución recién podrá ser ejecutada después de ser resueltos los recursos de revocatoria y jerárquico, cuando adquieran la calidad de cosa juzgada.

a) El debido proceso, está reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).