SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0153/2012

La acción de amparo constitucional prevista en el art. 128 de la CPE, se instituye por la Ley Fundamental como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Norma Fundamental y las leyes.

De acuerdo a la disposición citada y en aplicación de la Constitución Política del Estado, es una acción de defensa de todos los derechos fundamentales y garantías previstos en la norma constitucional y en los Pactos y Tratados Internacionales ratificados por el Estado Plurinacional (art. 410 de la CPE), salvo los derechos a libertad y a la vida, que está bajo la protección de una acción específica como es la acción de libertad.

En ese sentido la acción de amparo constitucional, tiene por finalidad única reguardar los derechos fundamentales de quien acude buscando tutela, lo que determina su alcance en relación a la protección de derechos y garantías constitucionales y no así de principios; empero, por la misma naturaleza jurídica del amparo constitucional como acción extraordinaria de defensa, no puede omitirse considerar el resguardo y la materialización de los principios ordenadores de la administración de justicia.