SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0457/2012

En su condición de funcionaria de la Corte Suprema de Justicia -ahora Tribunal Supremo de Justicia- fue objeto de un despido ilegal, el cual se materializó con el memorándum de 31 de agosto de 2009, emitido por la Decana en ejercicio de la Presidencia; actuación con la que se le vulneró sus derechos al trabajo, al ejercicio de la función pública, a la estabilidad laboral, al debido proceso y a la petición.

Al efecto señala, que desde el 7 de diciembre de 1999, fue designada con el ítem 84 como auxiliar de la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia -ahora Tribunal Supremo de Justicia-, transcurriendo desde su designación nueve años y ocho meses, en los que se desempeñó con absoluta responsabilidad y apego a la ley a dichas funciones y otras que a su tiempo le fueron asignadas, hasta el agradecimiento de servicios del 31 de agosto de 2009, fecha en la que mediante memorándum 62/09, se le comunica que por Resolución de Sala Plena y a pedido del Ministro, José Luis Baptista Morales se determinó su alejamiento del cargo.

Por estos hechos solicita que el memorándum de despido sea anulado y dejado sin efecto por ser ilegal, arbitrario y atentatorio a sus derechos fundamentales, en razón de que el memorándum, constituye una vía de hecho administrativa; por otro lado el art. 54 de la Ley de Organización Judicial de 1993 (LOJ.1993) señala que los funcionarios serán removidos por Sala Plena si hubiere causa, cualquier designación al margen de esta previsión será nula, que en el caso de la accionante; argumenta que no se cumplió, porque no existió proceso ni aviso previo.

En este sentido denuncia vulnerados sus derechos al trabajo y a la estabilidad en el empleo, citando al efecto la normativa expuesta en su demanda sosteniendo que para llegar a su destitución era pertinente un proceso administrativo previo y que con este accionar también se habría vulnerado el debido proceso.