SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0494/2012

          La acción de amparo constitucional, comprendida en el art. 128 de la CPE, está instituida por mandato constitucional, como una garantía de los derechos fundamentales cuando son restringidos, suprimidos o amenazados de restricción y supresión por parte de particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección; es decir, que esta acción se activa cuando no existen otros medios o vías idóneas para otorgar la tutela solicitada.

            En tanto que el recurso directo de nulidad, previsto en el art. 122 de la CPE, dispone: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”, siendo otro mecanismo de defensa de derechos fundamentales, su conocimiento y resolución al igual que la acción tutelar de defensa, corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional conforme al mandato del art. 202.12 de la CPE, concordante con los arts. 79 y ss. de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), ahora art. 157 y ss. de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), norma que en su parágrafo primero, establece expresamente su procedencia y forma de tramitación señalando que: “Procede el Recurso Directo de Nulidad contra todo acto o resolución de quien usurpe funciones que no le competen, así como contra los actos de quien ejerza jurisdicción o potestad que no emane de la ley”. Por otra parte, en su parágrafo II, señala: “También procede contra las resoluciones dictadas o actos realizados por autoridad judicial que esté suspendida de sus funciones o hubiere cesado”.