SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0513/2012

           La garantía constitucional, se exterioriza en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su art. 8, disciplina las normas judiciales propias de un procesamiento adjetivo enmarcado a derecho; en ese contexto, los arts. 115, 116, 117, 119, 120 y 121 de la CPE, regulan las reglas de un debido proceso.

           La SC 0538/2011-R de 29 de abril, exteriorizó que: “A través de la jurisprudencia constitucional, se limitaron los presupuestos de activación de esta acción tutelar, cuando la parte accionante aduce que su derecho a la libertad fue conculcado a consecuencia de un procesamiento indebido o de una persecución ilegal, siempre que se establezca el vínculo directo que adscriba las decisiones, actos u omisiones asumidas por el demandado, con la restricción alegada. Es así que, tampoco puede invocarse sobre la base de presuntas irregularidades, susceptibles de objeción oportuna por el agraviado ante la autoridad judicial competente y por tanto, no se justifica que acuda a la instancia constitucional para salvar su negligencia. 'En síntesis, la acción de libertad sólo es procedente cuando el acto lesivo se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a la libertad, como causa directa; es decir, con su restricción, supresión o amenaza de estas lesiones y en el supuesto de evidenciarse absoluto estado de indefensión; caso contrario, la parte accionante deberá acudir a la instancia pertinente cuando se alegue vulneración al debido proceso' (SC 1030/2010-R de 23 de agosto)”.

           Por su parte, la SCP 0038/2012 de 26 de marzo, recogió el entendimiento de la SC 0619/2005-R de 7 de junio, mediante la que se precisó lo siguiente: “…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) Debe existir absoluto estado de indefensión; es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. Dichos razonamientos, fueron asumidos de manera uniforme en el orden del nuevo régimen constitucional vigente, por las SSCC 0012/2010-R, 0014/2010-R, 0015/2010-R y 0034/2010-R, entre otras.