SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0607/2012

Paúl Roberto Castellanos Zenteno, Administrador de la Aduana Nacional de  Yacuiba, informó: 1) Siendo afectado por la Resolución sancionatoria en contrabando AN-GRT-YACTF-001/10, podía impugnarla a través del recurso de alzada y jerárquico, las que hubiese suspendido el efecto de esta Resolución, e inclusive podía impugnarlo por medio del contencioso tributario; 2) Que el accionante aluda el carácter perecedero del azúcar para no agotar la vía administrativa presentando los recursos correspondientes, no justifica porque este producto es “tranquilamente almacenada por más de dos años” (sic); 3) Encontrándose en posesión de la mercancía Claudio Martínez Rivero, conductor del motorizado de nacionalidad paraguaya, cometió contravención aduanera de contrabando en virtud al art. 181 inc. F) del Código Tributario Boliviano (CTB), por tal razón se interpuso contra él, el proceso contravencional y no contra el propietario de la mercancía; 4) Del art. 90 del CTB, se infiere que se notifica todos los días en Secretaría de la Administración Aduanera, y los días miércoles es para apersonarse y tomar conocimiento del estado del proceso, para estas actuaciones no es posible aplicar por analogía normas del procedimiento civil; 5) La supuesta incompetencia alegada por el accionante, debió plantearla en el proceso dentro los tres días de su notificación, por el contrario, plantear la nulidad del proceso contravencional en esta acción de amparo constitucional, estaría fuera de contexto porque ello es tutelado a través del recurso directo de nulidad; 6) El DS 464, entró en vigencia el 15 de abril del mismo año, cuando la Resolución sancionatoria había adquirido la condición de firme, en consecuencia, la mercancía consistente en azúcar, ha pasado “por la subtitularidad” al Estado, por tal razón, no se puede aplicar retroactivamente el Decreto referido a este proceso, debido a que dejó de serlo del bien referido; 7) En cuanto al carácter perecedero del azúcar alegado por el accionante, la Aduana tiene un concesionario contratado que está obligado a responder por la avería de la mercancía y por los daños y perjuicios; y, con todo lo argumentado, solicitó denegar la tutela, no obstante que esta acción debió ser rechazado in límine por el carácter de subsidiariedad.