La SCP 0895/2012 de 22 de agosto, fue pronunciada dentro de una acción de inconstitucionalidad concreta formulada contra los arts. 416 y 417 del CPP, por ser presuntamente contrarios a los arts. 115, 117 y 180.II de la CPE; y además, 8.2. y 25.I de l

En similar sentido, los Autos Supremos 062/2013-RA y 077/2013-RA, en se fijó el siguiente entendimiento: “Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.

Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional” (las negrillas fueron adicionadas).

Conforme a lo anotado, ha sido el propio Tribunal Supremo de Justicia el que ha flexibilizado los requisitos del recurso de casación, abriendo excepcionalmente su competencia en los casos en los que se denuncie la existencia de lesión a derechos y garantías constitucionales, con fundamento en la justicia material, los defectos absolutos y el derecho de acceso a la justicia.

En virtud a ello, es indispensable que el Tribunal Constitucional Plurinacional, al ser el máximo guardián de la Constitución Política del Estado y supremo intérprete de ésta; y en consecuencia, de los derechos y garantías constitucionales, a momento de ejercer el control normativo de constitucionalidad y declarar la constitucionalidad de las disposiciones legales, analice los sentidos interpretativos que pueden tener las mismas a efectos de otorgarles una interpretación que sea compatible con la Norma Suprema y los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos.