SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0895/2012

En ese orden y precisando la definición anterior, Piero Calamandrei, en el desarrollo de “La Casación Civil”, define este recurso como “…un instituto judicial consistente en un órgano único en el Estado (Corte de Casación) que a fin de mantener la exactitud y la uniformidad de la interpretación jurisprudencial dada por los tribunales de derecho objetivo, examina sólo en cuanto a la decisión de las cuestiones de Derecho, las sentencias de los jueces inferiores cuando las mismas son impugnadas por los interesados mediante un remedio judicial (recurso de casación) utilizable solamente contra las sentencias que mantengan un error de Derecho en la resolución de mérito…”.

Ahora bien, el ordenamiento jurídico procesal penal en Bolivia, concretamente el art. 50 del CPP, asigna a la Corte Suprema de Justicia, la competencia exclusiva de conocer y resolver los recursos de casación. Los Tribunales Departamentales -según las normas contenidas en el   art. 51 del CPP- conocerán los recursos de apelación restringida, que conforme lo dispone el art. 407 del mismo Código, se interpone por inobservancia o errónea aplicación de la ley y, en relación a la producción de prueba, ésta sólo puede producirse si se trata de aspectos procesales como manda el art. 410 del CPP.

Por su parte, la norma prevista por el art. 416 del CPP establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de los Distritos Judiciales -hoy Tribunales Departamentales de Justicia- contrarios a otros precedentes pronunciados por dicha instancia o por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida. Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diversos alcances. Determinando el procedimiento a seguir, el art. 417 del CPP, dispone: “El recurso deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Auto de Vista impugnado ante la sala que lo dictó, la que remitirá los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente. El incumplimiento de estos requisitos determinará su inadmisibilidad” (subrayado añadido).

En ese orden, la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional definió la casación como: “…un recurso extraordinario y excepcional que tiene una doble función, de un lado, la de unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley” (SC 1468/2004-R, de 14 de septiembre), ampliando ese entendimiento la SC 1401/2003-R, señaló que: “…el recurso de casación es un medio de impugnación que la ley concede a las partes, para que el más alto Tribunal de la Justicia ordinaria del país, resuelva, en base al derecho objetivo, la probable contradicción existente entre el fallo dictado en el caso concreto impugnado, con otro dictado por la misma Sala Penal, por otra Corte, o por la Sala Penal de la Corte Suprema. Lo que significa que el recurso de casación es un medio de defensa al que pueden acceder las partes para impugnar un Auto de Vista no ejecutoriado que consideren desfavorable”.

De acuerdo a las normas, doctrina y jurisprudencia glosadas precedentemente, se concluye que la configuración procesal que el legislador le ha dado al recurso de casación en materia penal en Bolivia puede sintetizarse en tres puntos: 1) Uniformización jurisprudencial en el sentido de constituirun recurso en perspectiva de mantener líneas de aplicación de la ley uniformes, en miras a constituir un estado de igualdad procesal entre los ciudadanos, para que éstos acudan al órgano judicial y razonablemente obtengan respuestas similares a problemáticas similares (ius litigatoris); 2) El respeto y mantenimiento de la unidad del ordenamiento jurídico a través de un control de legalidad (ius constitutionis); y, 3) La protección de la objetiva aplicación de la Ley (nomofilaquia).

A objeto de materializar y efectivizar los fines y objeto del recurso de casación, el legislador boliviano incluyó en el actual Código Procesal Penal la figura jurídica del precedente, mismo que conceptualmente es un evento pasado que sirve para juzgar una situación presente, para ello un elemento sustancial es la analogía, es decir que entre la situación presente y la pasada existan supuestos de hecho que permitan aplicar los razonamientos pasados al presente. Al respecto, la tradición jurídica boliviana fuertemente arraigada en la aplicación de la Ley como fuente principal de aplicación del Derecho fue matizada con la inclusión del precedente jurisprudencial como fuente de aplicación del Derecho. Transitando del precedente persuasivo al precedente vinculante.