CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1098/2012

Si bien, tanto la Constitución Política del Estado en el art. 70 inc. 4, la Ley 1678 en el art. 6, regulan y garantizan el derecho al trabajo de las 'personas con discapacidad', por su parte los arts. 9 incs. c) y f) del DS 24807; 3 y 5 del DS 27477, prescriben la inamovilidad laboral tanto para: 'Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado (…) excepto por las causales establecidas por Ley', como para: 'Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1º (primer grado) en línea directa y hasta 2º (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente' (las negrillas son agregadas). O sea, que indistintamente de si es una institución pública o privada, la regla general consiste en la permanencia en su puesto de trabajo, tanto de la 'persona con discapacidad' como de aquella que la tiene bajo su dependencia, entre tanto no incurra en alguna causal para su destitución; empero, condicionado al sometimiento de un previo proceso interno, que determine su alejamiento de la entidad pública o empresa privada” (las negrillas son agregadas).

La Norma Suprema, promulgada el 7 de febrero del 2009, menciona garantizar el bienestar, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, estableciéndose principios éticos morales, valores, derechos y deberes reconocidos en el art. 8 de la CPE, señala que: “El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: Ama Qhilla, Ama Llulla, Ama Suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), Suma Qamaña (Vivir Bien), Ñandereko (Vida Armoniosa), Teko Kavi (Vida Buena), Ivi Maraei (Tierra sin Mal) y Qhapaj  Ñan (Camino o Vida Noble)”. Entre los fines del Estado está el cumplimiento de la seguridad y la protección, de los derechos del trabajador, de la arbitrariedad que pueda ser cometida, por los empleadores públicos o particulares. En ese sentido, el orden constitucional encuentra mayor eficacia puesto que el trabajo es un derecho, que está relacionado con el bienestar común, debiendo ser resguardando este derecho, buscando la construcción de una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar el vivir bien.

Las culturas originario campesinas entendían que el suma qamaña (vivir bien) es cuidar de los individuos que conforman dicha cultura, siendo que, el vivir bien, no solo debe ser un principio ético morales que favorezca al individuo sino debe beneficiar a toda la colectividad, es decir, el bienestar “suma qamaña” del individuo, que irradia a toda la colectividad de esa cultura.