SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0022/2013

Al efecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la administración de justicia deberá ser: “…rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición oportuna de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental de primer orden como es el de la libertad”, estableciendo además que el principio de celeridad impone a los administradores de justicia “…el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente…” (SCP 0071/2012 de 12 de abril) (las negrillas son nuestras).