SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1742/2013

Fueron procesados por la presunta comisión del delito de contrabando, seguido por el Ministerio Público a instancia de la Aduana Regional de Oruro, porque en ese momento, sobrepasar las UFV's50 000.- (cincuenta mil unidades de fomento a la vivienda) era considerado delito; pero al presente, ese hecho ya no sería delito, por modificación de UFV's50 000.- a UFV's200 000.- (doscientas unidades de fomento a la vivienda),  conforme lo determinado en la Ley 317 del Presupuesto General del Estado de 11 de diciembre de 2012.

En aplicación de la mencionada Ley, plantearon excepción de incompetencia, que fue resuelta por el Juez ahora demandado mediante las Resoluciones 332/2013 y 333/2013, ambas de 28 de marzo, disponiendo “con lugar la incompetencia por el principio de favorabilidad”; pues, según la citada Ley, “la conducta de sus defendidos ya no se consideraban delitos” (sic), por lo cual debió ordenarse su inmediata libertad, en cumplimiento del art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE). Al no haber obrado de esa manera, la autoridad demandada habría incurrido en indebida privación de libertad.