SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0142/2013

        Es así, que de los antecedentes procesales, se constata que el accionante interpuso apelación incidental contra la resolución que dispuso su detención preventiva; sin embargo, desde el 12 de octubre de 2012, que presentó el recurso a la fecha de interposición de ésta acción constitucional, 30 del mismo mes y año, transcurrieron más de dieciocho días sin que la autoridad jurisdiccional hubiere remitido los antecedentes al Tribunal de alzada, omitiendo dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 251 del CPP, que señala que: ”Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas a la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas. El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”; empero, actuando contrariamente, el 31 de octubre de 2012, que fue notificado con la presente acción tutelar, recién procedió a la remisión de los antecedentes, conforme se encuentra demostrado por la fotocopia del oficio cursante a fs. 11 de obrados, lo que evidencia que el Juez demandado incurrió en incumplimiento a lo que establece la ley y la jurisprudencia constitucional, respecto a que la justicia debe ser pronta y oportuna, sin dilaciones innecesarias; sin embargo, dicha autoridad no tramitó y dilató la resolución del recurso de apelación incidental, prolongando así indebidamente la consideración de la solicitud presentada. De donde resulta, que la autoridad judicial ha desconocido que la garantía jurisdiccional consagrada por el art. 115.II de la CPE, impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, al establecer que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una “justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas y resueltas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplida estrictamente, lo que determina se otorgue la tutela solicitada.