SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0270/2013

         En aplicación al caso concreto, es preciso referirnos a la falta de idoneidad de los jueces o tribunales de garantías para revisar el fondo de las resoluciones fiscales de sobreseimiento, por lo que la SCP 0245/2012 de 29 de mayo, precisó el entendimiento de la SC 2074/2010-R de 10 de noviembre, señalando que: “…el control jurisdiccional que puede efectuarse respecto a los Fiscales de Distrito -ahora Fiscales Departamentales- incluso de manera posterior a la ratificatoria de una resolución de sobreseimiento únicamente puede referir al procedimiento como por ejemplo omisiones en la notificación a las partes procesales, dilación en la emisión de la correspondiente resolución, entre otras, que incidan directamente en derechos fundamentales y garantías constitucionales pero de ninguna manera a los argumentos o a la fundamentación invocados por la autoridad fiscal superior jerárquica de forma que para la impugnación a una indebida interpretación de legalidad, la errónea valoración probatoria o una omisión valorativa, no es necesario agotar previamente al planteamiento del amparo constitucional el control jurisdiccional, por lo que previo cumplimiento de requisitos establecidos en la jurisprudencia, corresponde de forma directa su activación” (las negrillas nos corresponden).

En ese sentido, respecto al deber que tienen los fiscales de fundamentar los requerimientos de sobreseimiento, la SCP 0245/2012, también refirió: "Conforme al art. 323 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), concluida la investigación el fiscal decretará de manera fundamentada el sobreseimiento cuando: 'resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él, y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación'.

         A su vez el art. 324 el CPP, refiere a la impugnación del sobreseimiento dictado y cuando éste es ratificado por parte del Fiscal de Distrito, que dispondrá: 'la conclusión del proceso con relación al imputado en cuyo favor se dictó, la cesación de las medias cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales'.