SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0349/2013-L

Sucre, 21 de mayo de 2013

SALA LIQUIDADORA TRANSITORIA

Magistrado Relator: Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales

Acción de libertad

Expediente: 2011-24358-49-AL

Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 9 de 23 de septiembre de 2011, cursante de fs. 30 a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Maribel Núñez Medina en representación sin mandato de la menor AA contra Rodolfo Medrano Caballero, Director del Hospital Obrero 2 de la Caja Nacional de Salud (CNS).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de septiembre de 2011, cursante a fs. 14 a 15, la accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 15 de septiembre de 2011, su hija menor de 7 años de edad, a causa de una enfermedad infecciosa, fue internada en el Hospital Obrero 2 de la CNS, siendo dada de alta el 22 del mes y año señalados; sin embargo, una vez que quiso retirarla, el contador de ese Hospital, le indicó que previo a dejar el mismo, debía pagar la suma de Bs1 744,40.- (un mil setecientos cuarenta y cuatro 40/100 bolivianos), caso contrario, la niña quedaría detenida hasta la cancelación del monto señalado.

Indica, que es madre de cinco hijos, que su esposo a causa de un accidente de trabajo quedó ciego y que a la fecha el trámite de afiliación a la CNS se encontraría en curso, extremo éste que fue puesto a conocimiento del Director del Hospital, quien sin entender la difícil situación por la que atraviesa, confirmó la determinación de mantener detenida a su hija hasta que se haya cumplido con la obligación con dicho nosocomio.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante considera que se vulneraron los derechos a la salud y a la libertad de locomoción, citando al efecto los arts. 21.7, 35.I, 36.I, 37, 60 y 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se disponga la libertad de la menor AA.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de septiembre de 2011, según consta en el acta, cursante de fs. 28 a 29 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su abogado, se ratificó in extenso en la acción presentada.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rodolfo Medrano Caballero, en audiencia manifestó: Que la atención a la menor -hija de la accionante- no sólo data desde su hospitalización, sino que acudió el 13 de septiembre de 2011, momento en el cual, se les hizo conocer a los progenitores que no estaban amparados por el seguro de salud que brinda la CNS, pese a ello, a la paciente se le proporcionó medicamentos, antialérgicos y antitérmicos; empero, la menor retornó el 15 del mismo mes y año señalados, sugiriéndose por su internación, otorgándoles un plazo para acreditar el derecho como beneficiarios del seguro, extremo que no se cumplió, por lo que, se realizó una liquidación como paciente particular, comprometiéndose los progenitores de la menor al pago; sin embargo, lejos de cancelar lo adeudado, directamente el Hospital fue demandado.

Indicó también, que la menor no está retenida en el hospital, pues ella está en libertad bajo el cuidado del mismo, pudiendo ver a sus padres; asimismo, mencionó que la niña no fue conducida a la audiencia, por cuanto no se pudo contactar con el Jefe de Pediatría y solicitó que a efectos de que la menor salga del Hospital, se cumpla con el compromiso de pagos parciales.

I.2.3. Resolución

La Jueza Primera de Sentencia Penal del Distrito Judicial -ahora departamento- de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, pronunció la Resolución 9 de 23 de septiembre de 2011, cursante de fs. 30 a 32 vta., por la que, concedió la tutela solicitada, disponiendo la inmediata libertad de la menor AA, bajo el siguiente fundamento: a) Se verificó que la menor AA de 7 años de edad, fue dada de alta el 22 de septiembre de 2011, estando aún a cargo del personal de la CNS y se estaría a la espera de ser retirada de dicho nosocomio, previo cumplimiento del compromiso de pago suscrito por los padres de ésta, por lo que, este hecho vulnera el derecho de la menor a la libertad personal y de locomoción; y, b) Lo precedentemente señalado, no exime a los progenitores de cumplir con las obligaciones económicas emergentes de la atención médica de su hija en la CNS, por lo que, los personeros de ese Hospital, tienen expeditas las vías legales correspondientes para su cobro, no siendo ello, un justificativo para mantener retenida o privada de libertad a la referida menor.

I.3. Consideraciones de Sala

Por mandato de las normas previstas por el art. 20.I y II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, conformó la Sala Liquidadora Transitoria, posesionando a los Magistrados de la misma, el 15 de febrero de 2012, a objeto de la liquidación de las acciones tutelares ingresadas a los Tribunales de garantías hasta el 31 de diciembre de 2011, modificada por la Disposición Transitoria Segunda del Código Procesal Constitucional vigente desde el 6 de agosto de 2012. Con la referida competencia, se procedió al sorteo de la presente causa, dictándose Resolución dentro de plazo.

II.CONCLUSIONES

II.1. El formulario de epícrisis de la CNS, evidencia la internación de la menor AA con un diagnóstico de admisión de impétigo ampollar posterior a varicela infectada (fs. 25).

II.2. A fs. 3, cursa hoja con sello de contabilidad del Hospital Obrero dependiente de la CNS, en la que señala el monto de Bs1 744,40.-.

II.3. El 13 de septiembre de 2011, el Director del Hospital Obrero 2 dependiente de la CNS, Juan Carlos Núñez Medrano y Maribel Núñez Medina, suscribieron un documento de compromiso de pago, en el que los últimos, se comprometen a cancelar los gastos que demandaron la estancia, tratamiento y exámenes de la paciente (fs. 26).

II.4. Mediante acta circunstanciada de queja presentada ante el Defensor del Pueblo, se establece que Juan Carlos Núñez Medrano, indicó que el 28 de marzo de 2011 y 4 de mayo del mismo año “solicitó mediante notas a la AFP Previsión la corrección del estado civil en el Dictamen que le extendieron para otorgación de la Renta de Invalidez, documento que necesita para proceder al seguro en la Caja Nacional de Salud” (sic) (fs. 13).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de los derechos a la salud y a la libertad de locomoción de su hija menor AA, debido a que el Director del Hospital Obrero 2 dependiente de la CNS, mantiene retenida a la menor en el referido Hospital, hasta que se proceda al pago de lo adeudado por los servicios médicos prestados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad

La SCP 0617/2012 de 23 de julio, refiriéndose a la SCP 0541/2012 de 9 de abril, sobre la naturaleza de ésta acción de defensa, estableció que: ”'…La acción de libertad es una acción tutelar de carácter extraordinario, que fue instituida en la Constitución Política del Estado abrogada en su art. 18, y ahora como acción de libertad en el orden constitucional vigente en el art. 125, manteniendo el mismo carácter y finalidad de protección a la libertad física o personal, o de locomoción y al debido proceso vinculado con la libertad, además de haber ampliado su ámbito de aplicación y protección haciéndola extensible al derecho a la vida, por lo que se constituye en una garantía constitucional por el bien jurídico primario (vida) y fuente de los demás derechos del ser humano, al señalar: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad'”.

Por otro lado la SCP 2182/2012 de 8 de noviembre, sobre la naturaleza de esta acción tutelar, indicó que: “La acción de libertad, consagrada por el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), dispone: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad', materializa la existencia de un mecanismo constitucional extraordinario de defensa, dotado de un carácter preventivo, correctivo y reparador, cuya función esencial se traduce en la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares, así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad.

Este razonamiento es concordante con el contenido del art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), que por su parte, establece que el objeto de esta acción extraordinaria es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos a la vida, a la libertad física y a la locomoción en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión, entendimiento que, en consideración a la importancia de los derechos primarios protegidos como son los previamente nombrados, implica que de manera general, la acción de libertad no se encuentra regida por el principio de subsidiariedad; al contrario, se activa sin el previo agotamiento de las vías legales ordinarias, es de tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, sumariedad, informalismo, generalidad e inmediación, particularidades que permiten colegir que esta acción de defensa extraordinaria, procede contra cualquier servidor público o persona particular y no reconoce fueros ni privilegios, correspondiendo conocer y resolver dicha acción constitucional, al juez en materia penal debido al principio de especialidad reconocido en la Norma Fundamental.

No obstante lo expresado supra, ante la existencia de medios de impugnación específicos e idóneos para restituir de manera inmediata los derechos objeto de su protección, o bien cuando se activa de manera paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; es decir, tanto en la vía constitucional como en la ordinaria, de manera excepcional opera el principio de subsidiariedad, así lo ha entendido este Tribunal a través de las SSCCPP 0037/2012 y 0124/2012, entre otras”.

III.2.El derecho de locomoción, vinculado al derecho a la salud

La SCP 2512/2012 de 14 de diciembre, haciendo referencia a la protección de la libertad de locomoción, estableció que: ”La acción de libertad consagrada como garantía jurisdiccional en el art. 125 al 127 de la CPE, ha sido construida y desarrollada en su naturaleza jurídica, ámbito de protección y fundamento por la jurisprudencia constitucional en diferentes Sentencias. Entre ellas, es importante mencionar la SC 0478/2011-R de 18 de abril, debido a que escudriñó las bases fundamentales de la acción de libertad, las características acentuadas que insertó la Constitución vigente a diferencia de nuestra tradición constitucional pasada y contextualizó la norma constitucional contenida en el art. 125 con la jurisprudencia constitucional. Esta Resolución señala:

'La garantía jurisdiccional del «hábeas corpus» fue consagrada por el art. 18 de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg), actualmente, la Constitución Política del Estado vigente también la contempla pero con la denominación de acción de libertad (arts. 125 al 127 de la CPE); sin embargo, no se trata de un simple cambio de nomenclatura, sino de una precisión conceptual, pues conforme a la teoría del Derecho Procesal Constitucional, sustituir la denominación de «recurso», por la de «acción» -además de adecuar la legislación boliviana a la evolución de la doctrina de la materia- implica reconocer a esta garantía como: «…la facultad de demandar la protección de un derecho ante los órganos jurisdiccionales…» o sea «…poner en marcha el aparato del Estado para la protección de un derecho conculcado…», en contraposición a la denominación de «recurso» que implicaba considerarla como la simple impugnación o reclamación que, concedida por ley, efectúa quien se considera perjudicado o agraviado por la providencia de un juez o tribunal para que el superior la reforme o revoque y que por ello supone la existencia previa de un litigio (García Belaunde, Domingo. «El hábeas corpus en el Perú». Universidad Mayor de San Marcos, 1979, p. 108).

La precisión conceptual que implica el cambio de denominación, también conlleva que, englobando el ámbito de protección y las características esenciales del «hábeas corpus», hace que la acción de libertad adquiera una nueva dimensión; en ese sentido, se constituye en una garantía jurisdiccional esencial, pues su ámbito de protección ahora incorpora el derecho a la vida -bien jurídico primario y fuente de los demás derechos del ser humano- junto a la clásica protección del derecho a la libertad física o personal, la garantía al debido proceso en los supuestos en que exista vinculación directa con el derecho a la libertad física y absoluto estado de indefensión (SC 1865/2004-R de 1 de diciembre) y el derecho a la libertad de locomoción, cuando exista vinculación de este derecho con la libertad física o personal, el derecho a la vida o a la salud (SC 0023/2010-R de 13 de abril)” (las negrillas y subrayado nos corresponden).

III.3.De la detención de menores en centros hospitalarios

Sobre la acción de libertad como acción de defensa de la libertad personal y como emergencia de ella de la libertad de circulación o de locomoción, éste Tribunal ha establecido que es posible tutelarla, a través de la acción de libertad, pues ésta es una derivación del derecho a la libertad personal que no sólo encuentra su protección en esta garantía jurisdiccional, sino en los Convenios y Tratados Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 9.1, cuando refiere que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o presión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.

Asimismo, el art. 117 de la CPE, establece que no se impondrá sanción privativa de libertad por deudas y obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley.

Respecto al derecho a la libertad de locomoción de los niños, el art. 37 inc. b) de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU), estableció que los Estados partes velarán por que: “Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda” (el resaltado es añadido).

Por otro lado, el art. 60 de la CPE señala que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.

En virtud a la normativa expresada y de forma general, éste Tribunal ha establecido que no es posible retener en centros hospitalarios a pacientes que no puedan cubrir los gastos que derivaron de su atención médica, así tenemos a la SCP 1090/2012 de 5 de septiembre, misma que hizo referencia a la SC 2396/2010-R de 19 de noviembre, estableció las siguientes sub reglas: “'1) Que ningún centro hospitalario público o privado, puede retener a un paciente que no pueda cubrir los gastos que ha demandado su curación, u obligarle a permanecer en el mismo para ser tratado médicamente; ya que las obligaciones patrimoniales recaen sobre el patrimonio del deudor y no así sobre la persona, sin que ello signifique negar la atención a los pacientes que acudan a éstas instituciones, como se tiene entendido en la sentencia constitucional precedentemente señalada; debiendo demostrar para la tutela, que su detención y/o retención en el centro hospitalario de salud público o privado, es a consecuencia de la falta de pago por los servicios prestados en dicha institución y que por ello se le impide dejar el centro de salud pese a contar con alta médica, o la misma es negada bajo condicionamiento y retención del paciente.

2) En base a la nueva normativa constitucional art. 126.II de la CPE-, el ámbito de protección es la acción de libertad, pues no solamente abarca a funcionarios públicos sino también a particulares, entre ellos los centros hospitalarios privados.

Consecuentemente, en todos aquellos casos donde se denuncie la retención de una persona en un centro hospitalario privado, por incumplimiento de obligaciones ante los servicios prestados, esta debe ser denunciada a través de la acción de libertad, conforme a la naturaleza y requisitos exigidos para tal efecto, púes solo a través de esta vía toda persona que se creyere ilegalmente restringida o suprimida de su libertad personal y de locomoción, a consecuencia de actos de los funcionarios públicos y/o de personas particulares, obtendrá una respuesta y tutela efectiva a la vulneración de su derecho a la libertad'”.

Razonamiento que adquiere relevancia cuando de por medio se encuentran menores de edad como grupo vulnerable y bajo protección especial del Estado Plurinacional, en ese sentido, ningún centro hospitalario puede retener a un menor que fue sometido a atención médica, condicionando su salida o no al pago de los servicios prestados por parte de sus progenitores o tutores, estableciendo con ello incertidumbre sobre el tiempo de retención al que podría ser sometido, agravando con ello la situación económica de sus progenitores, situación que a todas luces se contrapone a los valores y derechos fundamentales de nuestra Constitución, concordante con lo establecido en los Tratados Internacionales antes referidos, mismos que forman parte del bloque de constitucionalidad reconocidos por el Estado (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante manifiesta que su hija AA, a consecuencia de una enfermedad infecciosa fue internada en el Hospital Obrero 2 dependiente de la CNS, una vez dada de alta, fue retenida por el Director de dicho nosocomio, condicionando su salida al pago de Bs1744,40.-, correspondientes a la internación y atención médica de la menor.

De antecedentes se tiene, que la menor AA -hija de la accionante-, fue internada en el Hospital Obrero 2 de la CNS, por presentar un cuadro infeccioso “Impétigo ampollar posterior a varicela infectada” (sic), así también, se tiene una hoja con sello de contabilidad de ese Hospital, en el que se señala la suma de Bs1 744,40.- así consta de las Conclusiones II.1 y II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Asimismo, consta en la Conclusión II.3 del presente fallo, que el Director del nosocomio precitado, suscribió con los padres de la menor, un documento de compromiso de pago, en el cual se comprometen al pago de los gastos emergentes de la atención médica de ésta.

En ese orden se evidencia que el Director del referido Hospital -ahora demandado-, al disponer la detención de la menor hasta que sus progenitores procedan al pago de los gastos emergentes de la atención médica, que no fue desvirtuado por el demandado sino ratificada dicha situación en su informe, actuó de forma arbitraria, condenando a la menor a una detención indefinida en contravención al derecho de locomoción de la menor y en contraposición a lo establecido en el art. 117 de la CPE, con la agravante de que ésta decisión fue asumida por un funcionario dependiente de un Hospital estatal, quien se encuentra en la obligación de sujetar sus decisiones al interés superior de los niños y no obrar conforme a intereses institucionales. Además, habiendo los padres de la menor, suscrito documento de compromiso de pago, correspondía que la autoridad demandada, solicite a través de las vías ordinarias correspondientes el cumplimiento de ésta obligación y no actuar como lo hizo, en detrimento del derecho a la libertad de locomoción de la menor.

En ese sentido, el hecho de falta de pago de gastos médicos, son circunstancias ajenas que se contraponen al interés superior de la menor, por lo que, la arbitraria retención de la misma, impidió que ésta dejara dicho Hospital, con la consiguiente vulneración de su derecho a la libertad de locomoción, situación que debe ser reparada a través de la presente acción tutelar.

En el contexto precitado, se tiene que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad, protege el derecho de libertad de locomoción, cuando éste se encuentre relacionado con el derecho a la vida y salud y conforme al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, éste resguardo adquiere relevancia cuando de por medio se encuentren menores de edad, que gozan de protección y consideración primordial, como en la problemática que ahora se analiza.

En consecuencia, la situación planteada se encuentra dentro de las previsiones del art. 125 de la CPE, por lo que, la Jueza de garantías, al conceder la acción de libertad efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Liquidadora Transitoria, en virtud de lo previsto en el art. 20.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 9 de 23 de septiembre de 2011, cursante de fs. 30 a 32 vta., pronunciada por la Jueza Primera de Sentencia Penal del Distrito Judicial -ahora departamento- de Cochabamba; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada y,

2° Disponer que el Director del Hospital Obrero 2 dependiente de la CNS, sujete sus actuaciones futuras a lo expresado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Blanca Isabel Alarcón Yampasi

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chávez

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Carmen Silvana Sandoval Landivar

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Edith Vilma Oroz Carrasco

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales

MAGISTRADO