SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0621/2013

(…) para el caso en los cuales las autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o privada de libertad, tienen la obligación de tramitarla con celeridad, (…). Actuar de manera distinta a la descrita, provoca dilaciones indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de libertad y corresponde activar el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…” (negrillas nuestras).

“Es decir, a partir de la jurisprudencia construida por el Tribunal Constitucional, se adopta el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, como mecanismo extraordinario idóneo para reclamar las dilaciones indebidas ocasionadas por actos u omisiones de las autoridades jurisdiccionales, que ocasionan dilaciones indebidas que inciden en lesión al derecho a la libertad de quien activa esta acción tutelar a efectos de que por intermedio de esta vía, la vulneración sea reparada de manera efectiva y ágil” (SCP 1871/2012 de 12 de octubre).

Consiguientemente, toda autoridad que conozca la solicitud o tramitación de una situación vinculada con la libertad, debe actuar a la luz del principio de celeridad; lo contrario se convierte en una actuación dilatoria contraria al derecho fundamental de la libertad, toda vez que, se deja al imputado o procesado, en un estado de incertidumbre sobre su situación jurídica, no aceptable en un Estado de Derecho.