SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0827/2013

             En el caso en examen, se constata que el accionante solicitó al Tribunal Segundo de Sentencia Penal del departamento de Potosí, la cesación de su detención preventiva, por estar con esa medida por más de treinta y ocho meses sin que la sentencia hubiera adquirido la calidad de cosa juzgada; sin embargo, el citado Tribunal rechazó esa solicitud con el argumento que, existe una sentencia de primera instancia y que por, tanto, lo pedido no se enmarca dentro de los alcances del art. 239.3 del CPP, obligando así al imputado a desvirtuar los presupuestos que fundaron la adopción de la detención preventiva. Dicha determinación fue confirmada totalmente por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí-ahora demandadas, al considerar que no existía agravio alguno en la Resolución impugnada.

             Sin embargo, de conformidad a los fundamentos desarrollados en el presente fallo, se evidencia que dicha interpretación vulnera la garantía de la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable que le asiste a todo inculpado; toda vez que, como se ha concluido en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la indefinida aplicación de la detención preventiva convierte a la medida cautelar en un condena anticipada, por cuya razón, la aplicación de la misma debe encontrar sus límites en el tiempo, conforme a las normas de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos.

             Así, el art. 239.3 del CPP, establece como condición de la cesación de la detención preventiva el haber transcurrido diez y ocho meses sin haberse dictado acusación o treinta y seis meses sin que se hubiera pronunciado sentencia, de cuya interpretación (Fundamento Jurídico III.2) se concluye que, al no haber adquirido la calidad de cosa juzgada la sentencia de primera instancia en el periodo antes señalado, opera la cesación de la detención preventiva, de modo que no es viable exigir al imputado desvirtuar los peligros procesales que determinaron la adopción de dicha medida cautelar, sino que éste debe acreditar simplemente que la demora no le es atribuible, como dispone la parte in fine del literal mencionado.

             Por consiguiente, se concluye que las autoridades demandadas no efectuaron una interpretación del art. 239.3) del CPP desde y conforme a la Constitución Política del Estado y la normas del bloque de constitucionalidad y, más bien, le dieron una interpretación restrictiva, ajena a los principios de pro homine, progresividad y favorabilidad derivada del principio de presunción de inocencia; por lo que corresponde conceder la tutela solicitada, a efecto de que dichas autoridades pronuncien una nueva resolución en el marco de lo establecido por el presente fallo.