SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1147/2013

La jurisprudencia constitucional es uniforme al establecer que las situaciones que impliquen vulneraciones al debido proceso y que afecten de manera directa la “esfera de la libertad” de las personas, pueden ser objeto de tutela a través de la acción de libertad, pues en estos casos, la urgencia que deviene de restricciones a uno de los valores más preciados para el ser humano, como es la libertad, y que tiene origen en vulneraciones a otros derechos, en este caso al debido proceso, en una clara relación entre causa y efecto, precisan de medidas de protección de carácter inmediato.

Así, la SCP 1001/2012 de 5 de septiembre, reconoce al “…debido proceso como un instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual se debe enmarcar la actuación de las partes procesales, siendo la finalidad de este derecho constitucional y garantía jurisdiccional, proteger a los ciudadanos de posibles abusos de las autoridades, que se originen en actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que adopten y de las cuales emerja la lesión a sus derechos y garantías, como elementos del debido proceso. Cuando se denuncie su vulneración en cualquiera de sus componentes, corresponderá su impugnación a través de la acción de libertad, cuando esté directamente relacionada con la restricción de la libertad del accionante y se constate la existencia de absoluto estado de indefensión; caso contrario, la denuncia por irregularidades cometidas en el proceso (entendidas como violación al debido proceso), deberán ser reclamadas a través de los medios ordinarios que el ordenamiento jurídico procesal penal prevé, y agotada la jurisdicción ordinaria, en el supuesto de persistir la lesión, se activa la tutela de la acción de amparo constitucional”.

En el mismo sentido, “…la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos (…), así

(…) la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional…” (SCP 0037/2012 de 26 de marzo).