SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1170/2013

El 31 de agosto de 2012, María Desirée Bravo Monasterio, decidió llevar adelante una Sesión del Concejo Municipal, en la que de manera ilegal se habilitó a los concejales suplentes Francisco Romel Porcel Plata, Carol Geneviene Viscarra Guillen, María Angélica Zapata Velasco, Loreto Moreno Cuellar, Juan José Castedo Hurtado y Ronay Teresita Méndez Chavarría; y luego, en base a una “acusación formal” (sic), decidieron suspender del cargo a los concejales titulares de dicho municipio, en aplicación de los arts. 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), acto plasmado en la Resolución Municipal (RM) 116/2012.

Pese a conocer que dicha suspensión era nula de pleno derecho, el 31 de octubre del año referido, los mencionados ciudadanos llevaron adelante otra sesión, en la cual debido a otra “acusación formal” sin sentido, les volvieron a suspender mediante RM 215/2012 de 31 de octubre, reitera que fueron dictadas al amparo de los arts. 144 y 145 de la LMAD, normas que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional, por la SCP 2055/2012 de 16 de octubre; conocedores de ese fallo, los concejales titulares suspendidos enviaron una carta a Saúl Ávalos Cortez, quien interinamente ocupa la Presidencia del Concejo Municipal, haciéndoles conocer que ante la declaratoria de inconstitucionalidad de los mencionados artículos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, correspondía la inmediata aplicación de la referida Sentencia Constitucional y la consecuente restitución a sus cargos en el Concejo Municipal de Santa Cruz.

Agregó que el 15 de febrero de 2013, cuando los concejales suspendidos pretendieron asistir a su fuente de trabajo para ejercer sus funciones como autoridades electas, los demandados no les permitieron ingresar, pese a esta situación Saúl Avalos Cortez, instaló la sesión y puso en consideración la carta de reconsideración que enviaron para que se deje sin efecto las RM 116/2012 y 215/2012; sin embargo, no se resolvió su solicitud, quedando frustrados por decisión de los suplentes, con el único afán de prorrogarse en sus funciones y negándose a acatar una disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional.