Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0984/2013-L
Fecha: 27-Ago-2013
II.2.
II.2. Por Resolución Municipal 081/2011 Lino Barrientos Presidente del Concejo de Ascención de Guarayos derivó la denuncia ante el Comisión de Ética del Concejo Municipal, para la investigación de los supuestos actos de corrupción e incumplimiento a las normas de gestión y administración pública (fs. 66 a 67).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- Fragmento 6
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- concedió
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.6.
- II.7.
- II.9.
- II.10.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre la naturaleza jurídica de la acción de
- III.2. Derecho al debido proceso el ámbito administrativo municipal y su relación con el derecho a la defensa
- III.3. Jurisprudencia respecto al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa en sede administrativa
- III.4. Jurisprudencia destitución de autoridades municipales
- que, por más abominables que sean las imputaciones realizadas contra determinada persona o autoridad, por más dificultades que abrumen al sistema jurídico, la mal llamada justicia por propia mano, no podrá ser justificada en modo alguno, menos aún los excesos, arbitrariedades e injusticias que pueden cometerse so pretexto de la voluntad popular, cual si se tratase de la ausencia del Estado en tierra de nadie.
- destitución
- cuando se dicte en su contra Acusación Formal.
- Habiendo acusación formal,
- art. 49 de la LM actualmente derogado por la Ley 031 de 19 de julio de 2010, Ley Marco de Autonomías y Descentralización 'Andrés Ibáñez'
- Fragmento 27
- III.5. Derogatoria de algunos artículos de la Ley de Municipalidades
- III.6. Marco normativo para suspensión temporal y destitución de autoridades electas departamentales Regionales y Municipales
- Fragmento 30
- III.7.
- en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo
- III.9. Derecho al trabajo
- III.10. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en parte