SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1522/2013

El 12 de diciembre de 2012, aproximadamente a horas 15:30, al llamado de Carmen Garnica Zurita, efectivos policiales se constituyeron en su domicilio ubicado en el Barrio Narciso Campero calle Luis Parra 1774, con el objeto de auxiliar a su concubina -conviviente- Sofía Omaira Vidaurre Sotar, con quien sostuvo una pelea doméstica, la misma que sufrió una herida en la cara interna de la mano derecha “seguramente causada por los vidrios de la ventana que ésta rompió” (sic).

Señala que, encontrándose con vida su pareja, se constituyeron en el Hospital San Juan de Dios, donde el médico de turno le indicó que la referida, llegó sin signos vitales porque había fallecido, en ese instante llamó por su celular a Guido Vidaurre Alarcón, padre de la fallecida y éste sin conocer los antecedentes del hecho le hizo detener por el fallecimiento de su hija.

Refiere que, el Fiscal de Materia presentó imputación formal, la cual carecía de motivación, solicitandola aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, conforme dispone el art. 240.2, 3 y 5 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, en la audiencia de medida cautelar sorpresivamente hizo conocer un memorial señalando que existió un error de taipeo en la imputación formal presentada, aclarando que la petición era la detención preventiva, decisión asumida por el órgano jurisdiccional, haciendo caso omiso a las denuncias de vulneración a derechos y garantías constitucionales de su parte, motivo por el cual interpuso el recurso de apelación incidental.

Una vez remitido el recurso, el tribunal de alzada haciendo caso omiso de las irregularidades denunciadas, ratificó la decisión del a quo, también sin la debida fundamentación. Manifestando que, existió ausencia de argumentos en la imputación formal que adolece de un defecto absoluto y carece de una motivación fáctica y jurídica, reduciéndose a una simple y llana cita de normas legales, al no realizarse una relación pormenorizada e individualizada de la conducta del accionante, sin cumplir los requisitos inherentes a la descripción de supuestos de hecho y de su adecuación al tipo penal del art. 251 del Código Penal (CP), dejando en franca indefensión a hoy accionante, tanto el juez a quo y el tribunal ad quem.

Reiteró, señalando que en la solicitud de aplicación de medidas cautelares de la imputación formal, se requirió por medidas sustitutivas a la detención preventiva; empero, en la audiencia se modificó la petición por la detención preventiva, lo que permitió al juez dejarle en indefensión, vulnerando la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales, así como la jurisprudencia constitucional que tiene carácter vinculante, aspecto que no fue advertido por el tribunal ad quem a momento de revisar el fallo, tampoco se justificó la petición de la medida de carácter personal como es la detención preventiva, peor aún, la documentación consistente en informe del médico forense, protocolo de autopsia, muestrario fotográfico y otros, que presentó en audiencia.

Indica que, solicitó la nulidad de la imputación formal por defecto absoluto, puesto que el hecho de no valorar un solo elemento, implica ausencia de fundamentación; asimismo, el juez de instrucción al dictar el Auto interlocutorio 275/2012-MCA de 14 de diciembre no se pronunció sobre la jurisprudencia constitucional que señaló su defensa.

Finalmente, señaló que el Auto de Vista 124/2012 de 26 de diciembre, emitido por el tribunal ad quem, que declaró sin lugar el recurso de apelación incidental y confirmó la resolución recurrida, no tiene argumentación y adolece de falta de motivación, repitiendo los errores cometidos por el juez inferior al no realizar una valoración integral del certificado médico forense legal practicada a su persona el 12 del señalado mes y año, motivo por el cual se encuentra restringido de su libertad física y de locomoción.